Abusos, violencia generalizada y un profundo daño ambiental son las características que definen la zona conocida como el arco minero del Orinoco en Venezuela, un área que representa el 50% del territorio venezolano y ocupa los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
La zona del arco minero cuenta con 10 parques naturales, 33 poblaciones indígenas, uno de los depósitos de agua más grandes del mundo y más de 7.000 toneladas en reservas de minerales como oro, diamante y coltán, entre otros. Pero, su riqueza natural es casi tan grande como la amenaza que se cierne sobre ella.
“La presencia de mercurio en el agua ha causado muchísimas consecuencias porque el agua es la base de estas comunidades; entonces, esto ha llevado a enfermedades”, denuncia, Alessandra Pina, investigadora de Freedom House.
De acuerdo con un reciente informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, los habitantes de esta zona están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas y que son apodados como sindicatos. A esto, se suma el daño ambiental y el deterioro de las condiciones de salud.
“Hay incidentes en los que han amputado las manos por cometer delitos. Así es como se mantiene el orden en estas minas de control ilegal”, asegura Tamara Taraciuk, Subdirectora Interina para las Américas de Human Rights Watch, organización que da seguimiento a la problemática de derechos humanos en el arco minero.
Debido al deterioro de las condiciones económicas y sociales en Venezuela, los que no han podido emigrar a otros países se han movido a la zona sur del río Orinoco, donde se exponen a explotaciones de todo tipo, calificado por defensores de derechos humanos como una esclavitud moderna.
“Entonces vemos que las víctimas del arco minero son los grupos más vulnerables, las comunidades indígenas, las mujeres, los niños, las adolescentes y, muchas veces, esta esclavitud moderna se traduce en explotación laboral y explotación sexual”, denuncia Alessandra Pinna, investigadora de Freedom House.
En 2016, cuando estas denuncias no estaban en el tapete, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refería a la extracción en el arco minero como el gran activador de la economía venezolana.
“Por eso voy a proceder a aprobar entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva a cada gobernación”, aseguraba el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en un evento de entrega de contratos mineros.
Para el exiliado diputado opositor Américo de Grazia, el boom de la minería en el sur del Orinoco que prometió el presidente Maduro, solo beneficia a grupos irregulares. Argumenta que las arcas del Estado no ha entrado ninguna ganancia.
“Por concepto de oro no ha ingresado ni al Tesoro ni al fisco nacional un solo centavo. Por concepto de diamantes en 2006, no estoy hablando de ahora, dejamos de tener ingresos por concepto de diamantes. Si te metes en el Banco Central de Venezuela, esos ingresos no representan nada para la nación”, dijo el diputado opositor, Américo De Grazia.
Asegura el parlamentario que el mayor beneficio de la explotación de oro en el Arco Minero es mantener en el poder a Nicolás Maduro. “El oro no va destinado a las universidades ni a los hospitales ni para comprar las vacunas del COVID ni para financiar carreteras; pero eso sí alcanza para mantenerlos a ellos en el poder, para pagarle la cuota a los grupos terroristas que los sostienen, a los militares que no son leales a Maduro sino que son socios”, explica De Grazia.
Ante la situación de vulnerabilidad de derechos humanos en el arco minero, líderes opositores y organizaciones civiles piden a las grandes compañías que compran oro, que se abstengan de hacerlo con el deseo de detener, lo que han calificado como una cadena de abusos en el sur del Orinoco.
