El presidente venezolano Nicolás Maduro exigió el viernes que el Gobierno de Estados Unidos libere fondos congelados por las sanciones internacionales para que su país pueda cumplir con los pagos a la iniciativa de la ONU para las vacunas COVID-19.
Maduro dijo que luego de que Caracas pagó 120 millones de dólares al mecanismo COVAX, la organización notificó a Venezuela que quedaban pendientes unos 10 millones.
Según Maduro, el banco suizo UBS informó que el pago estaba bloqueado y bajo investigación.
"El sistema Covax vino y nos anunció recientemente en una carta oficial que los últimos 10 millones (...) habían sido bloqueados por el Gobierno de Estados Unidos (...) "¿Cómo se llama eso? ¡Robo criminal, sanciones criminales, acciones criminales de Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela!", afirmó Maduro en una alocución transmitida por la televisora estatal.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, ha dicho que no tiene confirmación del pago de Venezuela.
Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, hizo referencia en las últimas dos semanas a este saldo pendiente de 10 millones, aunque el miércoles dijo que el proceso para enviar vacunas a Venezuela está "en marcha".
Venezuela, que ha tenido poco acceso a las vacunas, espera recibir un suministro de 11,3 millones de dosis de la canasta de diferentes vacunas proporcionada por COVAX. Las inyecciones representan una quinta parte de las vacunas necesarias para inmunizar a la población objetivo en Venezuela, estimada en alrededor de 30 millones.
El Gobierno venezolano busca recibir la vacuna de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, de dosis única y que no requiere refrigeración extrema, pero ello dependerá de su disponibilidad, según la OPS.
Venezuela, que espera tener inoculada a 70% de su población para diciembre, está usando las vacunas rusas Sputnik V y las chinas Vero Cell.
Este país de 30 millones de habitantes acumula más de 247.000 casos con 2.781 fallecidos, cifras oficiales cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que considera esconden una cifra más alta.
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