La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves su actualización oral sobre los derechos humanos en Venezuela, en la que destacan denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, la situación de las organizaciones no gubernamentales y el tema electoral.
En el discurso, una de las primeras situaciones a la que hizo referencia fue la letalidad policial: “Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad”.
Recordó el operativo policial que hubo a principios de enero en el barrio de La Vega, Caracas, que dejó al menos 14 fallecidos. “Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, indicó.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, durante su actualización presentada el día anterior (10 de marzo), también se refirió a lo ocurrido en La Vega y aseguró que podría ser “una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha”.
Aunque la Alta Comisionada no ofreció cifras, la Misión de Determinación de Hechos reveló que identificaron más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año.
Bachelet igualmente se refirió a la situación de los detenidos en el país, específicamente a las muertes por enfermedades como tuberculosis o desnutrición.
“Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”, recordando a uno de los 13 indígenas de la etnia Pemón detenido por su presunta vinculación con un asalto a una instalación militar y que falleció estando en custodia.
En esta misma línea, la Alta Comisionada ratificó su petición de “liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente”.
Haciendo mención a otra de las preocupaciones de la Misión de Determinación de Hechos, Bachelet también destacó las recientes iniciativas para imponer “restricciones indebidas” a la capacidad de actuación de las ONGs.
En este sentido, se refirió a “los crecientes signos de reducción del espacio cívico”. Reveló que desde septiembre, su oficina ha documentado unos 66 casos de “intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición”.
La Alta Comisionada también mencionó algunas situaciones sociales por la que atraviesa el país. Resaltó los reportes en las fallas de los servicios públicos agudizados por la pandemia y el hecho de que el salario mínimo es menos de un dólar.
“Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, indicó.
La expresidente chilena cerro la intervención haciendo referencia la jornada electoral de diciembre, con la que el oficialismo retomó el Parlamento.
Indicó que su oficina registró al menos 15 “casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto”.
De cara al próximo ciclo electoral, en el que está planteado elecciones regionales para este año, recordó a las autoridades su obligación de “proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública”.
Hizo mención al nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional (CNE), previsto para las próximas semana a cargo de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, e indicó que se trataba de “una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones”.
Luego de la presentación de Bachelet, el representante de la misión venezolana, Hector Constant, expresó su rechazo “a la imposición de resoluciones contra países soberanos en este Consejo, y más aún cuando no cuentan con el consentimiento del Estado concernido”.
Indicó que el país “toma nota” de las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada e indicó que darán respuesta “en su debida oportunidad”. Constant lamentó que la actualización careciera del “balance necesario, presentado información no verificada, que alimenta la campaña mediática contra mi país”.
Expresó la necesidad “preservar y consolidar” la cooperación y el diálogo entre la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.H.H y el gobierno. Ya a finales de febrero, Bachelet presentó el status de este trabajo en conjunto.
