La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, continúa su monitoreo en materias como justicia, tratos crueles y el acceso a libertades fundamentales en Venezuela, y aunque saluda algunas avances, asegura que “aún queda mucho por hacer”.
Bachelet publicó en la página de su oficina un informe sobre la situación de Derechos Humanos, en Venezuela, elaborado para el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe, de una 21 páginas y que abarca situaciones entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, señala dentro de su evaluación de la justicia y estado de derecho en el país, que documentó 17 casos de muertes “presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales previamente documentados”.
“Los datos disponibles indican una reducción del número de muertes ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas en el último año, aunque la cifra se mantuvo alta”, apunta el documento.
Indica además que estos patrones subrayan “la necesidad de una reforma integral de las políticas e instituciones de seguridad del Estado para evitar más violaciones de los derechos a la vida y a la integridad de la persona”.
En el derecho a la integridad física y moral, la ACNUDH indicó que “continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”.
“Los patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron”, registrando 9 casos, detalla en el texto.
En este mismo ámbito, y aunque “saluda el aumento del acceso y el compromiso actual con las autoridades para abordar las recomendaciones relacionadas con la detención”, indica que las condiciones de detención “permanecen en general por detrás de las normas internacionales”.
En los tema del espacio democrático y cívico, el texto también señala algunas situaciones, agregando que se siguió documentando restricciones.
“La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas”, apuntan.
En el periodo estudiado, registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
“El ACNUDH saluda las medidas adoptadas para atender las recomendaciones anteriores, pero aún queda mucho por hacer”, señalan en las conclusiones.
Además de las decenas de recomendaciones formuladas desde 2019, Bachelet agregó otras 10 recomendaciones. Entre ellas, destacan que “la rendición de cuentas sigue siendo fundamental para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho”.
Exhortó al “acceso a la información y los datos públicos para monitorear y orientar adecuadamente las políticas públicas, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
Y, de cara a las elecciones regionales y municipales convocadas en el país para el próximo 21 de noviembre, pidió que se garantice las condiciones “para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes”.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado sobre este nuevo reporte. Sin embargo, durante una actualización de Bachelet en marzo, el representante venezolano expresó la necesidad “preservar y consolidar” la cooperación y el diálogo con la oficina del Alto Comisionado.
El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino del país, aseguró que lo relatado en esta nueva actualización del Informe “viene a abonar a los señalamientos” por crímenes de lesa humanidad.
“Venezuela necesita sanar las heridas, que se detenga la guerra contra sus ciudadanos y celebrar elecciones libres y justas”, indicó en una publicación en su cuenta de Twitter.
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