Las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante los últimos 20 años y que han sido denunciadas por diversos sectores ante instancias nacionales e internacionales, plantean una serie de desafíos para el sistema de justicia venezolano ante una eventual transición política en el país, afirman expertos.
Juristas venezolanos que debaten el tema, coinciden en que reinstitucionalizar, reestructurar el sistema para garantizar la imparcialidad, así como alcanzar la justicia transicional, son algunos de los principales retos.
“Deben de ser tomadas en cuenta las víctimas, debe haber justicia para todas y cada una de las víctimas, deben ser visibilizadas y garantizar la no repetición de todos estos delitos, así como también no puede haber impunidad para que tanto los jueces y fiscales que se prestaron para que se cometieran estas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y estos delitos de lesa humanidad puedan rendirle cuentas a la justicia”, dijo recientemente en un foro la abogada Yajaira Forero.
Para la abogada y dirigente política, Delsa Solórzano, cualquier propuesta que busque reformar el sistema de justicia debe pasar por el “regreso” de la democracia a Venezuela, donde según dijo, la impunidad alcanza el 99%.
“Eso quiere decir que de cada 100 delitos que se cometen solamente uno es finalmente sancionado, enjuiciado el responsable, el resto pasa a la absoluta impunidad y eso se debe a que los órganos del sistema de administración de justicia, léase policías, jueces, fiscales, esos órganos están dedicados a la persecución política”, subrayó.
A juicio de Solórzano, los órganos de justicia están dedicados a la “persecución política”, lo que aleja a la justicia de los “fines que constitucionalmente debería tener”.
“El sistema de administración de justicia está secuestrado, el poder judicial está secuestrado y esa comisión encabezada por la señora Cilia Flores y por el señor Diosdado Cabello no hace más que generar mayores índices de delincuencia, mayores índices de inseguridad, liberando indebidamente a presos comunes que no han pasado adecuadamente por la justicia y encarcelando a prisioneros políticos porque se atreven a pensar de manera distinta”, agregó.
Recientemente el presidente Nicolás Maduro nombró una comisión para reformar el sistema de justicia, un anuncio que, según la oposición, busca hacer ver a la comunidad internacional que en el país se respetan los derechos humanos, en medio del proceso que avanza en la Corte Penal Internacional.
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