El Centro Correccional de Winn es una de las ocho cárceles en Luisiana que han empezado a retener a solicitantes de asilo y otros inmigrantes en el último año, convirtiendo a Luisiana en un inesperado epicentro de la detención de inmigrantes durante el gobierno de Donald Trump.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dice que ahora retiene a unos 8.000 migrantes en Luisiana de los 51.000 que hay detenidos en todo el país.
Estas nuevas instalaciones, una combinación de viejas prisiones estatales y cárceles locales, están a varias horas de carretera desde Nueva Orleans y otras grandes ciudades, lejos de donde tienen sus sedes la mayoría de los grupos de derechos de los migrantes y abogados de inmigración. Los internos se quejan del trato recibido y de largos encarcelamientos.
“Yo sabía que nos iban a detener, pero no pensé que iba a ser tan largo el proceso”, comentó Howard Antonio Benavides Jr., un joven venezolano de 18 años que lleva tres meses en Winn.
El repunte ha sido bien recibido por las poblaciones rurales, que hace tiempo dependen de los empleos en cárceles, y por la compañía carcelaria privada que recibe dinero del gobierno federal por retener a los inmigrantes.
El fenómeno ha coincidido con una reforma penal en Luisiana que ha reducido la población carcelaria, lo que amenazaba la economía de pequeñas poblaciones con centros de detención.
El ICE ha intervenido para llenar ese hueco. En Winn, que empezó a recibir inmigrantes en mayo, los salarios de los empleados han pasado de 10 dólares la hora a 18,50. Las autoridades locales han firmado un nuevo contrato de cinco años que garantiza millones de dólares en pagos al gobierno local y al estado.
EL ICE rechazó varias peticiones de comentarios sobre por qué se había centrado en Luisiana. En un comunicado, la agencia dijo que identifica “contratos que puedan modificarse para ajustarse a las crecientes necesidades de la agencia”.
En Winn hay casi 1.500 inmigrantes detenidos, que duermen en camas individuales en largos y estrechos módulos con puertas de rejas. El centro, que antes era una prisión de seguridad intermedia, tiene un comedor, campos de fútbol al aire libre, un gimnasio y una capilla con capacidad de 200 personas construida por antiguos presos.
A los presos se les obliga a caminar de un recinto a otro con las manos a la espalda, como si estuvieran esposados.
La detención de inmigrantes se está haciendo cada vez más polémica durante el gobierno de Trump, que separó a miles de familias dentro de una política de “tolerancia cero” en la frontera entre Estados Unidos y México.
La cifra de 51.000 inmigrantes que retiene el ICE en todo el país está un poco por debajo del récord que marcó la agencia este año, y varios miles por encima de lo que autorizó el Congreso.
El número se ha mantenido sobre las 50.000 personas pese a que los cruces de frontera se han reducido en los últimos meses y el gobierno de Trump ha emprendido una agresiva estrategia de devolver a México a los que cruzan y rechazar solicitudes de asilo.
Los activistas acusan al gobierno de detener a solicitantes de asilo legítimos y dicen que las cárceles de Luisiana son un ejemplo claro del problema.
Un juez federal determinó hace poco que el ICE estaba violando la ley al negarse a liberar a solicitantes de asilo detenidos en Luisiana, y los abogados señalan que muy pocas personas son liberadas de Winn o de otros centros del estado.
California e Illinois prohibieron directamente las cárceles privadas para inmigrantes, e incluso en la conservadora Texas, el gobierno republicano del condado de Williamson votó a favor de eliminar las detenciones del ICE en una cárcel de 500 plazas.
