La ONG venezolana Foro Penal rechazó este miércoles que el gobierno en disputa no permitiera la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su visita en terreno, asegurando que marca un “mal precedente”.
“El hecho de que no se haya permitido la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, sienta un muy mal precedente en cuanto a la posibilidad de que organismos que se ocupan de la tutela de la protección de los derechos humanos a nivel internacional tengan acceso a los países que, como en Venezuela, se están produciendo situación de violaciones graves a los derechos humanos a todo nivel”, indicó Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la organización.
A la comisión de la CIDH presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño se le prohibió este martes abordar un avión desde Panamá con dirección a Caracas para comenzar su visita “in loco” de cuatro días bajo la invitación del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países.
El gobierno en disputa argumentó que el país ya no forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al que pertenece la CIDH.
Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG, recordó que la CIDH acaba de terminar la misma visita en Chile debido a las denuncias que hubo luego de las protestas que se presentaron en este país.
“No relacionen el aspecto político que ocurre en Venezuela con la visita de la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía realizando conversaciones, como las ha hecho desde hace mucho tiempo, con las organizaciones de derechos humanos”, afirmó Romero.
Por su parte, Himiob indicó que esta acción representa una confesión de que “como aquí se la debe, aquí se la teme”. Explicó que a pesar del argumento del gobierno de Nicolás Maduro, “las responsabilidades en las que ha incurrido el Estado venezolano por violaciones de DD.HH., antes incluso de que nos hayamos retirado de la Convención Interamericana de DD.HH., siguen plenamente vigentes y esas responsabilidades continúan”.
Agregó que en el país siguen vigentes otros pactos internacionales, tutelares de DD.HH., supervisados e incluso aplicados por la misma CIDH: “El hecho de que se hayan retirado de un tratado internacional, no implica que los demás tratados en los que tiene injerencia la CIDH haya perdido su vigencia (…) la CIDH todavía tiene mucho que decir, tiene potestades de actuación, y tiene, definitivamente, facultades para verificar si en Venezuela se están cumpliendo esos otros tratados”.
Este impedimento, expresó Himiob, lo que hizo fue evitar el contacto y comunicación directa entre las víctimas y los relatores. Además, el gobierno en disputa también perdió su oportunidad de “mostrar su versión de los hechos”.
“Ellos mismos se mandaron a callar. Ellos mismos se mandaron a perder esa posibilidad de expresar lo que quisieran expresar lo que quisieran expresar en relación a lo que se ha venido denunciando (…) Eso no implica que las víctimas se van a quedar sin voz, se van a quedar sin posibilidad de actuación”.
Romero indicó que siguen en conversaciones con la comisión, como parte de su esfuerzo para que las víctimas sean escuchadas en Cúcuta, Colombia, donde se instalaron los comisionados.
Presos políticos
Los abogados detallaron que en el país hay 382 presos políticos. De esas más de 300 personas que el Foro Penal tiene como presos políticos, 121 son militares y 261 civiles. Himiob Santomé destacó que de esa cifra, solo 20 han sido condenadas.
“Se les está adelantando a 362 personas una sanción sin siquiera haber sido declarados culpable”, indicó.
Además, afirmó que “ninguna institución penitenciara en Venezuela cumple con las reglas mínimas para el tratamiento de la ONU. Las prisiones de Venezuela están entre las peores de todo el continente americano”.
La organización también tiene registradas 15.200 detenciones arbitrarias de carácter político desde el 2014.
