La Asamblea Nacional opositora de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, aprobó este miércoles el proyecto de ley que declara la nulidad de los contratos en los que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) da en garantía el 49.9 % de las acciones de la filial estadounidense Citgo a la petrolera rusa Rosneft.
Carlos Bastardo, uno de los diputados en participó en el debate, aseguró que se debe "indagar" porque es "muy grave" lo que está ocurriendo "por el tema del saqueo".
"Este régimen no se frena”, concluyó
En declaraciones a la Voz de América, Bastardo ratificó la denuncia que hizo en el pleno del parlamento de que Rosneft intenta explotar dos campos de gas en el estado Sucre, en la región nororiental del país, para poder cobrar lo que PDVSA adeuda.
“Sin pasar por la Asamblea Nacional y sin que se tenga un documento, pues se están buscando otras vías para ellos tratar de cobrar estos 1.500 millones (de dólares) que les será imposible cobrar a través del 49.9 % de las acciones que se pusieron en prenda”, explicó el parlamentario.
Aseguró que la alianza entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin es “no solamente estratégica, desde el punto de vista comercial, sino política. Es el respaldo de un modelo fracasado que hoy somete a los venezolanos”.
Por su parte, el diputado Rafael Ramírez, recordó durante su turno de palabra que ya han hecho tres emplazamientos públicos para una explicación ante estos negocios, además de la función de control con la que cuenta la AN.
Aseguró que el parlamento no está contra de ningún país o empresa, “lo que sí está es en el deber de sancionar a quienes no quieran cumplir con las leyes venezolanas”.
El parlamentario Alfonso Marquina también conversó con la VOA y aseguró que esta decisión ratifica lo que la AN ha dicho desde 2016: “No se puede firmar contrato de interés público sin la firma o autorización expresa de la Asamblea Nacional legítima”.
“Rosneft se estaba prestando como un burladero para las sanciones que contra el gobierno se han venido implementando por la comunidad internacional”, agregó.
En declaraciones a la prensa, el propio presidente interino Juan Guaidó aseguró que con esta acción buscan la “protección del activo”. “Hubo un intento de embargar Citgo producto de una irregular hipoteca que hicieran a una empresa rusa. Hoy anulamos algo que es ilegal”, afirmó.
Las más recientes sanciones por parte del gobierno estadounidense para presionar al gobierno en disputa de la nación suramericana han sido dirigidas principalmente al sector petrolero. La última fue, precisamente, a la rama comercial de la petrolera rusa Rosneft por su colaboración con el gobierno en disputa.
Con colaboración de Adriana Nuñez Rabascall
