La desinformación y la represión en el hemisferio están socavando las bases de la sociedad civil a un nivel nunca visto, según periodistas y académicos. En el programa Foro, el periodista Carlos Fernando Chamorro detalló el acoso, los desafíos y la “criminalización” que sufre por parte del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Sus comentarios se dieron en una semana en donde sus oficinas fueron allanadas por la policía. Por su parte, el Dr. Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida y el analista Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, detallaron los mecanismos que según ellos, utilizan los gobiernos para diseminar “desinformación” en medio de elecciones cruciales.
Mordaza y sistema judicial
Para Chamorro, en Nicaragua no existe un sistema judicial independiente que estimule la libertad de prensa. “Aquí no ha habido un proceso legal, ni un juicio, ni nada por el estilo. Mis programas no se pueden transmitir en televisión abierta, ni en cable porque hay una amenaza, al canal que los transmite, de cerrarlo si lo hacen. Por tanto, nosotros transmitimos solo a través de YouTube y Facebook”, agregó.
El presidente Ortega ha insistido no obstante, en que la libertad de prensa es respetada en su país y la leyes promulgadas en la Asamblea Nacional, resguardan ese derecho y penan eso sí, las acciones que buscan “desestabilizar” lo que el llama la institucionalidad el país.
Chamarro por su parte dice que “en Nicaragua no hay libertad de prensa ni libertad de expresión, sin embargo, hay una prensa independiente que está desafiando esas prohibiciones y seguimos haciendo periodismo en internet, en redes sociales y desde el exilio. Seguimos además desmontando las mentiras y las falsedades del régimen tanto en las violaciones a los derechos humanos como en la tragedia humanitaria que ha ocurrido en Nicaragua con el COVID, que ha sido negada por parte del gobierno.”
Su criterio es compartido por el Dr. Gamarra. “En el caso de Nicaragua y Venezuela, lo que tenemos son gobiernos que controlan absolutamente todo. Y han dejado de lado primero la separación de poderes… eso es lo primero que se vá. Dentro de eso, el control sobre todo del poder judicial es lo más serio que está sucediendo en la región porque se puede acusar a las persona de traición a la patria o de corrupción.”
“Hay una criminalización del ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua”, asegura Chamorro. “Te apresan y te cargan cinco años de cárcel por exponer la bandera nacional como un medio de protesta simbólico.”
Desinformación y medios sociales
En toda la región, los gobiernos han incrementado el uso de las redes sociales para, según su criterio, diseminar la acción estatal en todas sus ramas.
No obstante, ahora que hay elecciones elecciones en varios países, muchos destacan la “manipulación” informativa como un arma gubernamental al tiempo que incrementan la persecución de periodistas y medios que buscan informar balanceadamente.
El caso de Venezuela, según Correa, es emblemático de esta situación “Ahora tenemos una iniciativa de Diosdado Cabello que castiga a El Nacional por reproducir una información de un diario español. Lo replicaron más de 13 diarios, entre ellos Tal Cual y ahora también se está persiguiendo a La Patilla, un portal digital. Entonces vemos que en el último año se ha aplicado una denominada Ley Contra el Odio, que tiene sanciones más duras hacia una pretendida expresión de odio que hacia un asesinato”.
El gobierno de Venezuela asegura apegarse a las leyes que resguardan el orden público, la seguridad ciudadana y rechaza el que exista persecución contra la prensa en su país, así como desinformación originada desde Miraflores. Ese criterio es descartado por Gamarra. “Lo que hemos venido viendo como desinformación es precisamente lo que viene de los medios sociales. Esto se ha convertido en un problema muy serio en todo lado.”
Para Correa, las leyes de Venezuela penalizan el libre ejercicio del periodismo. “Radio y televisión están muy contralados con una ley de responsabilidad social de radio y televisión, que aplican sanciones muy fuertes”, dijo.