En Colombia, según datos de la Unidad para las Víctimas, solo en los primeros seis meses de este año cerca de 13.000 personas han debido abandonar sus hogares ante la presión de grupos armados ilegales, en medio de un conflicto, que no se detiene y que ha dejado, en los últimos 35 años, más de ocho millones de desplazados internos. Todo ello, a pesar de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se suma a ello, justo cuando se conmemora este 20 de junio el Día Mundial de los Refugiados, el reto que tiene la nación de atender a cerca de dos millones de migrantes venezolanos, que representan un gran desafío para un país donde esta situación es inédita afirma Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en el país.
“Colombia no era un país que estaba adaptado para recibir a tantos migrantes, la normativa no está adaptada, no es como en otros países que solicitar el refugio es más flexible, aquí es una odisea”, señala el líder venezolano, que acota que se hace necesario reconocer el estatus de refugiados a los venezolanos y no el tratamiento de migrantes. Explica que no salieron voluntariamente de su país, sino presionados por la crisis económica y social que se vive en Venezuela.
Y es que mientras el gobierno busca atender los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, también debe satisfacer las necesidades de miles de colombianos desplazados de sus hogares bajo la presión de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales al servicio del narcotráfico y la minería ilegal que “buscan manejar las redes, las rutas, ejercer el control territorial y llegan a estos municipios generando amenazas, combates y frente a esto propician estos eventos de desplazamiento en los municipios”, señala Ramón Rodríguez, director de la Unidad Para las Víctimas de la Presidencia de la República, quien añade que solo este año se han atendido 35 eventos de desplazamientos masivos que han dejado 3.975 familias sin hogar, equivalentes a 12.552 personas afectadas.
El director de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Marco Romero, afirma que dadas las carencias económicas del Estado colombiano, las medidas para atender esta problemática, ya sea la migración venezolana o el desplazamiento interno, se queden cortas, porque sólo se atiende la situación con programas sociales de corto plazo.
“La gran mayoría carece de una solución duradera en temas como vivienda, tener un empleo, educación, entonces la consecuencia general es que la mayor parte de los desplazados viven en las grandes ciudades, en las zonas periféricas, en condiciones de precariedad socio económica”, afirma Romero.
En medio de esta situación, agravada por la pandemia de COVID-19, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), afirma que el panorama presenta un desafío para Colombia que debe acoger a 1.8 millones de refugiados y migrantes venezolanos y proteger a la poblaciones afro, indígena y campesina que continúan afectadas por el conflicto armado en el país”.
