La Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la conducta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ante un posible derrame de crudo en Nabarima, una embarcación petrolera con bandera venezolana localizada en el Golfo de Paria (mar interior semicerrado poco profundo ubicado entre la isla de Trinidad y la costa este de Venezuela).
El acuerdo, estipula la responsabilidad al gobierno en disputa “por el grave deterioro de las instalaciones de la industria petrolera nacional, así como de las consecuencias que puedan generar el ecocidio marino y a nuestros países vecinos por el posible hundimiento y el consecuente escape de más de un millón trescientos mil barriles de petróleo” que se estima almacena el carguero.
Organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por la presunta inclinación del navío de unos 264 metros, propiedad de Petrosucre, una empresa mixta entre la estatal petrolera Pdvsa y la italiana Eni.
El acuerdo de la AN igualmente insta a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la Organización Marítima Internacional a realizar una “inspección urgente” del Nabarima.
Además, piden a Eni atender “las urgentes recomendaciones de expertos para el inmediato trasiego de la carga y puesta en seguridad de las instalaciones".
Semanas atrás, Trinidad y Tobago anunció que expertos suyos que habían logrado realizar una inspección a las instalaciones determinaron que "no hay riesgo inminente de vuelco o hundimiento”, según reportaron agencias.
Igualmente confirmaron la intención de Pdvsa de descargar el combustible, operación que consideraron “segura”, pero que “en sí mismo representa un riesgo leve”.
Durante el debate, el parlamentario Tobías Bolívar explicó que el Golfo de Paria constituye uno de los más grandes reservorios de especies marinas de la fachada atlántica venezolana y representa un ambiente ecológico de mayor fertilidad debido a la influencia determinante de grandes ríos.
Por su parte, el diputado Luis Stefanelli, aseguró que era “razonable” por parte de la AN “prender las alarmas ante la opacidad permanente con la cual el régimen de facto de Nicolás Maduro pretende tratar un tema tan delicado”.
Aseguró que el acuerdo busca que el gobierno en disputa “se aboque a este problema”, pero también que haya “inspección internacional”.
María Gabriela Hernández, diputada y presidenta de la comisión parlamentaria de Ambiente, afirmó también en el debate que el país espera “expectante que la empresa italiana ENI logre realizar con éxito toda la maniobra de trasegado (sic) de la carga y nos libere del riesgo ambiental”.
El lunes, la agencia de noticias Reuters reportó que la empresa italiana Eni indicó en un comunicado haber recibido confirmación de que la política de sanciones estadounidense no impide que la empresa descargue el crudo y repare el barco.
