El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha estado ausente y en silencio ante la emergencia provocada por el huracán Eta en la costa Caribe del país, lo que contrasta con la actividad de otros gobernantes centroamericanos cuyas naciones igualmente enfrentan afectaciones por el fenómeno climático.
Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de la República, ha sido quien ha estado a la cabeza de los reportes sobre Eta, que el miércoles se degradó a tormenta tropical.
“Hemos atendido todos los llamados a la evacuación, a proteger la vida en todo momento, antes, durante y después; si acaso podemos hablar después, porque este huracán monstruoso se proyecta que salga del país el día de hoy (miércoles) con vientos fuertes, pero la influencia del fenómeno va a quedar sobre todo el territorio”, dijo Murillo, cuyos reportes únicamente son transmitidos por los medios oficiales.
Ortega sumó el miércoles 16 días sin aparecer públicamente, desde el pasado 19 de octubre, cuando habló en el acto del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, mientras otros presidentes de la región como el salvadoreño Nayib Bukele y de Costa Rica, Carlos Alvarado, han estado al frente de los esfuerzos por el huracán en sus respectivos países.
Este año el presidente nicaragüense también fue criticado por desaparecer por casi 40 días durante las semanas de mayor impacto de la pandemia de COVID-19.
El huracán Eta, considerado como “extremadamente peligroso”, tocó tierra con categoría 4 el martes en la costa noreste de Nicaragua, una de las zonas más vulnerables y empobrecidas de este país centroamericano, y habitada principalmente por afrodescendientes e indígenas miskitos.
La tormenta cobró la vida de dos mineros, artesanales que murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza.
Además, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres registran al menos 30.000 personas refugiadas, 30.159 viviendas sin servicio de energía eléctrica, caída de árboles y desprendimientos de techos en algunas casas.
Guillermo González, director de este organismo, indicó que seguirán monitoreando ya que consideran que este es un proceso que no ha concluido.
“Por un lado, ya en las zonas litorales en Bilwi pasaron a la etapa de comenzar la limpieza, el escombreo de la zona, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos; igualmente en la zona del triángulo minero, que fue un esfuerzo enorme por movilizar a más de 1.500 familias en las zonas de los ríos”, dijo el funcionario.
Por su parte, la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe, Juana Bilbano, denunció que tienen información de varios líderes comunitarios que asistieron a los refugios de Bilwi desde el lunes, de tienen servicios básicos inestables, no han recibido agua, víveres, mascarillas o condiciones que les permitan protegerse del contagio del COVID-19.
En tanto, el Ministerio de Educación también informó en una conferencia de prensa en medios oficiales la suspensión de las clases en 1.706 centros educativos del Caribe Norte, Triángulo Minero y en los municipios de El Cuá, San José de Bocay y Wiwilí, Jinotega.
El Ministerio de Educación contabiliza que, aproximadamente “4.100 personas están albergadas en 15 centros educativos de Bilwi, desembocadura de Río Grande y en Waspam”.
Hasta el momento, las autoridades educativas reportan daños en la infraestructura escolar de cuatro centros educativos, las cuales van desde levantamientos de techos, “movimientos de tierra” y “derrumbes” en muros perimetrales.
