La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dio a conocer su informe sobre el “Impacto de la pandemia COVID-19 en los derechos humanos y la seguridad pública” en El Salvador, según el cual, “la respuesta a la pandemia por parte del Gobierno salvadoreño fue "punitiva y no epidemiológica”.
El informe, elaborado con la colaboración de Christian Aid, abarca los meses de marzo y noviembre de 2020 y detalla que durante el confinamiento se produjeron “una serie de acciones en detrimento de la garantía de los derechos humanos y la institucionalidad del país”.
Saúl Baños, director de acceso a la justicia de FESPAD, afirmó que el lapso estudiado dejó en evidencia el retroceso, que El Salvador ha tenido en materia del respeto a los derechos humanos.
El documento señala que las violaciones quedaron en evidencia después del fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el estado de excepción ordenado por el Congreso y "todas las normativas emitidas por el órgano Ejecutivo para regular la cuarentena y otras limitaciones a la libertad de la ciudadanía".
Por su parte la experta en temas de seguridad pública, Jeannette Aguilar, afirmó que desde la guerra en el país no se habían cometido graves y masivas violaciones a los derechos humanos como las que hubo en el contexto de la pandemia, sobre todo con el uso discrecional de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC).
El informe resalta que, durante la pandemia, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador se presentaron unas 1.337 denuncias, de las que 406 tenían relación con el derecho a la libertad.
Entre las recomendaciones al Gobierno están: adoptar un marco normativo y operacional acorde con las directrices de Derechos Humanos para la gestión de la pandemia, balanceando la protección de la salud con los derechos a la libertad y la seguridad; la corrección de abusos, reparación de las personas afectadas y garantías de no repetición; activar controles políticos y judiciales para revisar las acciones implementadas y tomar medidas urgentes en la justicia penal.
Preocupación de organismos internacionales
Anteriormente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había expresado su preocupación por las medidas implementadas por el Ejecutivo para frenar la propagación del coronavirus, así como por la crisis institucional que surgió entre los tres poderes del Estado en El Salvador por el mismo motivo, que aún persiste.
Opinión similar emitió la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, quien dijo que gobiernos de la región como Venezuela, El Salvador y Paraguay, ordenaron confinamientos forzosos con la excusa de detener la propagación del COVID-19 e impusieron medidas altamente restrictivas que violaron los derechos humanos.
“En El Salvador, más de 1.600 personas [estuvieron] detenidas en centros de confinamiento estatal que no cumplían con las condiciones”, explicó la defensora de los derechos humanos.
El gobierno de Nayib Bukele impuso una cuarentena obligatoria de 30 días en marzo y, quienes violaran la medida, fueron detenidos y encerrados en “centros de contención”.
Human Right Watch también denunció que el decreto de emergencia de la administración Bukele en la pandemia, era una clara violación de los derechos humanos.
Hasta el momento de publicar este artículo, los países mencionados en el informe no han hecho declaraciones al respecto.
