La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó anular en la noche del lunes el decreto ejecutivo en virtud del cual se estableció la cuarentena domiciliar en el país centroamericano, bajo el argumento de que es inconstitucional.
Según la Sala, el decreto 29, con el que la presidencia ha establecido varias medidas con el objetivo de contener la propagación del COVID-19, es inconstitucional porque el Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, no tiene la competencia para emitir medidas que suspendan los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Con esta resolución, queda además anulada la intención de la presidencia de establecer una nueva cuarentena y da cuatro días para poner fin a la que está en vigor en este momento.
La Sala solicita a la presidencia y a la Asamblea Legislativa que presente una ley que se apegue a los estatutos de la Constitución porque reconoce la necesidad de adoptar medidas frente a la pandemia.
El presidente Nayib Bukele no tardó en reaccionar a la decisión de la Sala de lo Constitucional en su cuenta de Twitter, indicando que el fallo atenta contra de la vida de "miles" de ciudadanos.
Asimismo, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, publicó también en su cuenta de Twitter que la corte pretende terminar la pandemia con decretos y resoluciones.
"Ahora resulta que la Asamblea y la Sala de lo Constitucional manejan la emergencia, ya no necesitan al Ministerio de Salud; por decreto o resolución van a terminar esta pandemia...Que Dios los perdone!", expresó.
El conflicto entre la presidencia de El Salvador y los otros órganos del Estado ha escalado desde el inicio de la pandemia, al grado que organismos e instituciones internacionales han hecho llamados al presidente Bukele para que respete la institucionalidad vigente.
La presidencia ha asegurado en otras ocasiones que las acciones de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia tienen objetivos políticos, mientras que estos órganos independientes plantean que buscan salvaguardar el Estado de derecho que rige a las democracias.
