El medio Myawaddy TV, dirigido por el Ejército de Birmania, anunció el lunes que los militares tomarían el control del país bajo el estado de emergencia durante un año, debido a la falta de acción sobre las denuncias de fraude electoral de los militares en las elecciones de noviembre.
El anuncio se produjo horas después de las detenciones de la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, y otros funcionarios del partido gobernante Liga Nacional por la Democracia (NLD). Las acciones se produjeron el mismo día en que se suponía que se inauguraría un nuevo parlamento.
El portavoz de la NLD, Myo Nyunt, dijo que el presidente Win Myint fue uno de los otros detenidos el lunes temprano.
"Hasta donde sabemos, todas las personas importantes han sido arrestadas por el ejército birmano", dijo. "Entonces, ahora podemos decir que es un golpe de Estado".
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinke, dijo que Estados Unidos "apoya al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo", y pidió al Ejército que revierta inmediatamente sus acciones.
La Casa Blanca, en un comunicado, agregó: "Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones recientes o impedir la transición democrática de Birmania y tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten".
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al liderazgo militar de Birmania a resolver cualquier diferencia a través del diálogo pacífico.
"El Secretario General condena enérgicamente la detención del Consejero de Estado Daw Aung San Suu Kyi, el Presidente Win Myint y otros líderes políticos en vísperas de la sesión inaugural del nuevo Parlamento de Birmania. Expresa su profunda preocupación por la declaración de la transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares”, dijo en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. "Estos acontecimientos representan un duro golpe para las reformas democráticas en Birmania".
Australia, India y Singapur también han expresado su preocupación por la situación en Birmania.
“Hemos observado los acontecimientos en Birmania con profunda preocupación. La India siempre ha sido firme en su apoyo al proceso de transición democrática en Birmania. Creemos que se deben respetar el estado de derecho y el proceso democrático”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de India en un comunicado.
Estaba interrumpido el servicio telefónico y de internet en las principales ciudades del país, según varios informes de medios. MRTV, la emisora estatal, estaba fuera del aire e informó en Facebook que tenía problemas técnicos.
Los soldados estaban en las calles tanto de la capital, Naipyidó, como de la ciudad más grande, Yangon, según varios reportes.
Los acontecimientos del lunes siguieron a meses de tensiones después de la victoria aplastante de la Liga Nacional para la Democracia en las elecciones de noviembre. El ejército de Birmania afirmó que se había producido un fraude electoral, alegación rechazada por la comisión electoral del país.
El sábado, el Tatmadaw, nombre oficial de las fuerzas armadas de Birmania, emitió un comunicado en el que argumentó que se había producido un fraude electoral y que la comunidad internacional "no debería respaldar los próximos pasos del proceso político sobre una base de "negocios como siempre".
"El Tatmadaw es el que presiona para que se adhieran a las normas democráticas", indicó el comunicado. “No es el resultado en sí mismo de las elecciones lo que el Tatmadaw se opone (…) Más bien, el Tatmadaw considera inaceptable el proceso de las elecciones de 2020, con más de 10,5 millones de casos de fraude potencial, como votos inexistentes”.
![Protesta frente a la embajada de Birmania en Bagkok después de que el ejército birmano tomara el poder. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/9149d7bb-9848-469a-8232-29666549f50a_w100_r1.jpg)
La semana pasada, el ejército de Birmania había desestimado los rumores de que lanzaría un golpe de estado después de que el comandante en jefe del ejército, el general superior Min Aung Hlaing, dijera a los oficiales superiores que la constitución, que prohíbe un golpe, podría ser revocada si no se aplicaban las leyes y eran debidamente ejecutadas.
Durante la semana pasada, el ejército desplegó un número inusualmente alto de tanques alrededor de la capital, lo que generó alarma entre civiles y funcionarios gubernamentales.
Se esperaba que el nuevo Parlamento de Birmania se reuniera para su primera sesión en Naipyidó este lunes 1 de febrero.
El arresto de líderes en Birmania, también conocido como Birmania, es solo el más reciente evento en un país que ha luchado entre el gobierno civil y el militar y suscita preocupaciones de que la transición de la nación a una democracia se haya estancado.
Una excolonia británica hasta 1948, Birmania ha sido gobernada por dictadores respaldados por el ejército desde 1962 hasta 2010.
Un levantamiento en 1988 impulsó las elecciones de 1990, que el partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) ganó de manera aplastante, pero los miembros electos del Parlamento fueron encarcelados y la dictadura continuó.
Aung San Suu Kyi, la hija del héroe de la independencia de Birmania, el general Aung San, que fue asesinado en 1947, emergió como líder en los mítines a favor de la democracia y del partido NLD. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 mientras estaba bajo arresto domiciliario.
En 2010, el general mayor Than Shwe anunció que el país sería entregado a los líderes civiles, entre los que se encontraban generales retirados. Liberaron a los presos políticos, incluidos los legisladores de la Liga Nacional para la Democracia, y a Aung San Suu Kyi, quien fue elegida en las elecciones parciales de 2012 y luego se convirtió en consejera de estado de Birmania.
Pero Aung San Suu Kyi, de 75 años, aunque popular entre la mayoría budista de Birmania, ha visto disminuir su reputación internacional por el trato que ha dado su gobierno a la minoría rohingya mayoritariamente musulmana del país.
En 2017, una represión del ejército contra los rohingya, provocada por ataques mortales contra las comisarías de policía en el estado de Rakhine, llevó a cientos de miles de rohingya a huir al vecino Bangladesh. La Corte Penal Internacional está investigando al país por crímenes de lesa humanidad.
