La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes al gobierno de Birmania que levante "de inmediato" las restricciones de internet en los estados de Rakáin y Chin.
Según informó HRW en un comunicado, estos impedimentos han puesto a los civiles en mayor riesgo. "Las restricciones gubernamentales en Internet han obstaculizado la coordinación de la ayuda, la recopilación de información precisa y el monitoreo de los abusos [a los derechos humanos].
Los argumentos del gobierno de Birmania atienden al conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y el Ejército Arakan (AA), un grupo armado étnico Rakáin.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Birmania afirmó en una declaración al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 30 de junio de 2020 y en otros lugares el 8 de julio que se requería el apagón, en parte para "evitar que el AA explote las tecnologías de Internet móvil para detonar los IED [explosivos improvisados dispositivos] y minas terrestres ". Sin embargo, las minas terrestres detonadas por comando, como las atribuidas a AA, pueden detonarse de forma remota por varios medios simples, ninguno de los cuales requiere internet, dijo Human Rights Watch.
Las últimas excusas del gobierno de Birmania para su prohibición prolongada de Internet en los estados de Rakáin y Chin "carecen de fundamento y son contrarias a la realidad sobre el terreno", dijo Richard Weir, investigador de crisis y conflictos de HRW.
Las restricciones están vigentes en siete municipios del estado de Rakáin y uno en el estado de Chin, donde el gobierno permite el acceso a redes 2G, que solo permiten mensajes de texto, comúnmente conocidos como SMS y llamadas de voz.
El 23 de junio pasado, el ejército dijo que no había ningún plan para levantar la prohibición, a pesar de un anuncio anterior del Ministerio de Comunicaciones de que las restricciones de Internet se extendieron provisionalmente solo hasta el 1 de agosto.
La organización HRW denunció que el mismo 24 de junio el gobierno anunció nuevas "operaciones de limpieza" en el estado de Rakáin en los municipios de Kyauk Tan y Rathedaung y ordenó a los civiles que abandonaran el área, y aunque la orden de irse fue posteriormente revocada, miles de personas fueron desplazadas a medida que las operaciones de limpieza procedían en cinco aldeas.
Estas últimas operaciones de desplazamientos fueron descritas como similares a las ocurrida en el estado de Rakáin en 2016 y 2017, que llevaron al exilio forzado a miles de personas y a la eliminación de otras tantas, según ha denunciado la ONU.
