El gobierno de Ecuador anunció el miércoles que emprenderá una reforma en la seguridad de las cárceles del país y apelará a la ayuda foránea, después que una ola de violencia dejara hasta el momento 79 reclusos fallecidos en cuatro prisiones del país.
“He dispuesto a los ministros que, en el ámbito de sus competencias, redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria, en concordancia con el escenario actual”, dijo el presidente Lenín Moreno en una comparecencia televisada.
El mandatario agregó que el jueves, durante una junta del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), solicitará “apoyo internacional”.
La ONU en mediación
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno ecuatoriano una investigación por las muertes del 23 de febrero.
El vocero de la ONU, Stephane Dujarric, constató temprano el miércoles en conferencia de prensa, pedidos de su oficina en el país a las autoridades ecuatorianas haciendo mención al comunicado en el que la entidad expresaba su “solidaridad con las familias de los muertos y heridos en los violentos hechos” ocurridos en las cárceles.
Al respecto, “la ONU en Ecuador enfatizó que la crisis debe manejarse de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos”, precisó.
De este modo los diplomáticos de la ONU en la nación latinoamericana “Expresaron su disposición a apoyar a las autoridades en estos esfuerzos”.
Bandas rivales
Según el diario Primicias, los disturbios están relacionados con el enfrentamiento de por lo menos cuatro bandas contra la pandilla de ‘Los Choneros'.
El martes estallaron riñas entre los reos de cuatro cárceles en Guayaquil, Cuenca y Latacunga que dejaron 79 muertos, según informó el gobierno en horas tempranas del miércoles.
Cientos de policías permanecen apostados frente a las prisiones donde ocurrieron los motines, que según el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, respondieron a "una acción concertada de las organizaciones criminales para generar violencia en las cárceles del país".
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reconoció la falta de personal de seguridad, lo que "dificulta las acciones de respuesta inmediata" frente a las revueltas de presos.
