La ciudad de Cali, en Colombia, así como sus alrededores, se han convertido en el epicentro de la violencia de las protestas de un país que llega a su día número 20 de movilizaciones continuas, las cuales se originaron el 28 de abril, cuando una parte de la población salió a las calles a expresar su descontento contra un proyecto de reforma tributaria que finalmente fue retirado por el Gobierno.
La tercera ciudad más poblada del país ha reportado el mayor número de muertes confirmadas, durante las protestas, y fue convertida en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, vandalismo, saqueos y bloqueos que han dejado sumida a su población en medio dela escasez y alza de precios de alimentos y falta de combustible.
También fue protagonista un enfrentamiento indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, civiles y policía, y que dejó un saldo de al menos ocho heridos.
Según analistas consultados por la Voz de América, existen factores relacionadas con el narcotráfico, la pobreza, la criminalidad y la ubicación geográfica que explican, en cierta medida, el estallido de las movilizaciones de las últimas semanas en la principal ciudad del suroeste y el pacífico colombiano.
Desigualdades sociales y falta de oportunidades
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cali es una de las ciudades que más tuvieron un incremento de la incidencia de pobreza en 2020, llegando al 36,3%.
Para Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y experto en seguridad, en la ciudad se demostró, al igual que en todo el país, un descontento general por la desigualdad, la pobreza, el rechazo contra las políticas del Gobierno y la incertidumbre, la cual se ha acrecentado con los efectos de la pandemia.
Aunque la agroindustria, el emprendimiento y el comercio han hecho de Cali una de las ciudades más importantes del país, con recursos importantes, hay una brecha social considerable.
“Hay personas muy adineradas, barrios muy poderosos, muy ricos y, al lado, hay barriadas muy pobres tuguriales… Y ahí en esos sitios se está generando un claro un malestar que había estado contenido durante muchos años”, explica el profesor de la Universidad del Rosario, pues señala que hay una mezcla de política, de limitaciones económicas, de falta de oportunidades, de jóvenes con un futuro incierto y “de autoridades locales que no han sido muchas veces muy exitosas en su gestión”.
Alejandro Pérez y Soto Domínguez, docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, explica que “si bien el Valle del Cauca (departamento donde Cali es la capital) es de las zonas más ricas del país, curiosamente el pacífico colombiano es de las zonas más pobres y tiene el 60 por ciento de necesidades básicas insatisfechas”.
Si bien el Valle venía avanzando en temas de mejora e indicadores de pobreza, de desigualdad, agrega, la realidad es que en la calle siente una cosa muy distinta lo que muestran las cifras.
Criminalidad, violencia y narcotráfico
En los años 70 y ochentas, Cali era una de las ciudades más cívicas del país. Sin embargo, al llegar el tráfico de drogas y la aparición del cartel de Cali y, aunado con la criminalidad, se desbordaron todo tipo de inseguridades.
Cali es, entonces, un catalizador de muchas formas de violencia. “Aquí nos ha coincidido la violencia partidista de los 40 y 50, casi que estuvo empatada con la violencia guerrillera, luego con la violencia del narcotráfico, la violencia paramilitar”, explica el académico.
Juan Carlos Ruiz, por su parte, dice que Cali es la ciudad más violenta de Colombia, desde hace más de diez años. Adicionalmente, explicó a la VOA, “este mismo departamento tiene ocho de los diez municipios más violentos de Colombia, y las dos ciudades más violentas del país… son Cali y muy cerca está Palmira”.
A esto se le suma que “Colombia ha pasado de ser un gran productor y comercializador mundial de drogas a ser un territorio en disputa de distintas agrupaciones”, agrega Pérez y Soto Domínguez, quien dice que parte de lo que ocurre en estas zonas se explica por la incapacidad del Estado para tener un monopolio en el uso de la fuerza para garantizar formas de vida legales a los ciudadano.
A pesar, además, de que los carteles de la droga están más mimetizados, están presentes y han generado una altísima conflictividad social.
Vecinos importantes y punto estratégico
El departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, colinda con el del Cauca, “que suele epicentro de muchas violencias. Ahí hay violencias paramilitares guerrilleras, hay también unos movimientos indígenas muy fuertes que tratan de mantener la paz en sus territorios con mucha dificultad. Y, al lado de ese departamento, está el departamento de Nariño que se convirtió en el epicentro del cultivo de hoja de coca, que también tiene una salida al Mar Pacífico por el puerto de Tumaco”, explica el profesor Ruiz.
Entonces, es una zona de tres departamentos muy violenta, con la existencia de actores armados importante.
Por otro lado, Cali es un corredor ineludible para llegar al Puerto de Buenaventura, ubicado en el pacífico colombiano, muy importante para el movimiento de todo tipo de mercancías, “pero también de tráficos ilegales especialmente el narcotráfico (...) especialmente el tráfico de armas, el tráfico de drogas, pero también el contrabando”, señala Ruiz.
Por otro lado, a pesar de que los cultivos de coca se ubican más hacia el sur, Cali se convierte en el “centro de operaciones de muchas de esas actividades”, dice el profesor de La Nacional.
Además, por ser la más importante del suroeste colombiano, cobija a refugiados, desplazados y es el epicentro de contestaciones sociales que llegan hasta allí para hacerse sentir, como los movimientos indígenas.
“Cuando se van a hacer marchas indígenas hacia Bogotá, una parada muy importante donde ellos toman impulso es en Cali… Culturalmente, emocionalmente, nosotros estamos profundamente conectados con el Cauca, por los ancestros indígenas, por la historia que tiene Popayán con el resto del país”, explica Alejandro, quien añade que la minga indígena participa del conflicto social porque “ellos se están viendo en medio del conflicto” y llegan a esta ciudad para tener más visibilidad.
¿Qué viene? ¿Qué es necesario?
“Hay obviamente unas contestaciones y unos reclamos sociales de vieja data que no se van a solucionar en dos meses, que necesitan ingentes inversiones sociales, durante muchos años, décadas para poder cerrar la brecha existente”, añade Ruiz.
A pesar de que el presidente Duque se desplazó el lunes pasado a la ciudad para liderar un comité de seguridad y regresó el martes para llevar a cabo jornadas de diálogo, para el profesor de la Universidad Nacional “el presidente se demoró muchísimo en hacer presencia física en Cali… Lo hizo cuando ya el conflicto había escalado muchísimo. O sea, nuestro modelo democrático tiene una crisis profunda y los políticos están sumamente alejados y, diría yo, sumamente despreocupados”.
En ese sentido, para el experto, con el paso de los días, se van a llegar algunos acuerdos que el Estado no va a cumplir completamente "y esto va a generar una nueva conflictividad social a futuro”, pues según él, el problema profundo radica en que las negociaciones se están realizando en Bogotá y no en Cali y, además, no se está escuchando a actores importantes de las movilizaciones, que son los jóvenes.
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