La Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente el martes a la precandidata presidencial de la oposición Cristiana Chamorro por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, y solicitó se le imponga una restricción migratoria y la inhabilitación a un cargo público “por no estar en el pleno goce de derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso legal”.
Chamorro, quien figura como la favorita en las encuestas para derrotar al presidente Daniel Ortega en los comicios de este año, fue sometida a una investigación de la Fiscalía desde hace dos semanas, a raíz de unas supuestas inconsistencias e indicios de “lavado de dinero”, encontrados en la Fundación Violeta Barrios en los últimos años.
En el proceso de investigación al menos 15 periodistas, directores de medios de comunicación, analistas y críticos a Ortega, han sido citados a declarar ante las autoridades por los cargos en el que señalan a Chamorro.
La última persona entrevistada este martes por la Fiscalía fue el reconocido escritor, ganador del Premio Cervantes y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, quien, al salir de la cita, explicó que fue llamado en calidad de representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una organización fundada por su familia al servicio de la cultura.
El exvicepresidente destacó que la Fiscalía le consultó sobre el apoyo que recibió la Fundación Mercado durante varios años a través de la Fundación Chamorro, y que él mismo ha firmado como representante legal dichos convenios.
“Se trata de relaciones apegadas estrictamente conformes a las leyes de Nicaragua, conforme las leyes internacionales, llevadas adelante con absoluta transparencia, de eso yo puedo dar fe, de que nuestras relaciones con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro han sido correctas”, dijo Ramírez a los medios.
También la periodista de la cadena Univisión María Lilly Delgado y los extrabajadores de la Fundación Chamorro Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano permanecerán “con restricción migratoria”, aunque se desconoce si también serán acusados.
Durante la última citación a la que se presentaron, la Fiscalía acusó a Delgado y a los dos extrabajadores de negarse a declarar sobre el caso, por lo que pasaron de “testigos” a “imputados en el caso”.
Solicitud de inhibición en momento clave
La solicitud de la Fiscalía se da en un día clave en el que Chamorro acudió al partido Ciudadanos por la Libertad, el único de oposición que quedó el país, para solicitar ser inscrita como precandidata opositora.
Recientemente los dos partidos políticos de la oposición fueron sacados de la contienda electoral por designios del Consejo Supremo Electoral.
“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, reaccionó la opositora en su cuenta de Twitter.
Cristiana Chamorro es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990, poniendo fin a años de guerra y bloqueo económico.
Según Chamorro, es por eso que “Ortega tiene horror” a que se repita el escenario del 90, sobre todo al repuntar en las encuestas como la favorita.
Repudio nacional e internacional
Tras conocerse la noticia, diversos actores políticos y sociales denunciaron el procedimiento.
"Anulando de manera arbitraria a la líder de la oposición @chamorrocris refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas", señaló el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en Twitter. "Nicaragua merece una auténtica democracia".
La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla consideró la medida de la Fiscalía como “una nueva escalada en contra de la precandidata independiente”.
“Un fiscal al servicio del régimen Ortega-Murillo dicta orden para impedir una candidatura más en las elecciones, ahora la víctima es Cristiana Chamorro”, dijo Chinchilla en su cuenta oficial de Twitter.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que la medida es una “nueva aberración jurídica”.
En ese sentido, diversos juristas cuestionaron la legalidad de la solicitud de la Fiscalía, como Yader Morazán, ex trabajador del Poder Judicial de Nicaragua, quien considera que para suspenderle los derechos civiles y políticos a un actor social debe ser a través de una sentencia firme de un juez “que no admita recurro alguno”.
De igual forma la experta constitucionalista María Asunción Moreno señaló que "los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil", y considera que el caso de Cristiana Chamorro no lo es hasta el momento.
“Es decir, que estamos ante un caso de inhibición ilegal en el que el régimen pretende limitar el ejercicio de los derechos políticos de Cristiana Chamorro”, declaró.
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