Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional, FMI, urgió al Gobierno salvadoreño sobre la necesidad de un “análisis muy cuidadoso”, después de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, ya que ésta “genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales” que se deben tomar en cuenta.
"Lo que hemos dicho en el pasado, en general, es que los criptoactivos pueden presentar riesgos significativos. Las medidas regulatorias efectivas son cruciales para abordarlos", recalcó Rice.
El FMI dio a conocer que el jueves uno de sus equipos se reunirá con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, mientras el organismo internacional evalúa la aprobación de un nuevo paquete de ayuda para apoyar la recuperación económica del país ante la crisis inducida por la pandemia de COVID-19.
La madrugada del miércoles el Congreso salvadoreño, afín al presidente, aprobó la Ley que permite a la nación centroamericana el uso del Bitcoin para todo tipo de transacciones, que van desde la compra de bienes raíces hasta las contribuciones fiscales.
Buekele ha dicho que esta nueva ley traerá “inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico a El Salvador” y que además crea un fideicomiso gubernamental, por 150 millones de dólares, que garantizará la convertibilidad automática a dólares.
“Podemos ganar o perder algún dinero, pero no importa. El propósito del fideicomiso no es hacer dinero, sino apoyar al Bitcoin como moneda digital de curso legal”, apuntó Bukele al respecto.
En abril de 2020, el FMI aprobó un paquete de ayuda de emergencia por valor de 389 millones de dólares para El Salvador, país donde cuatro de cada diez personas viven en la pobreza, según datos del último informe económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En la actualidad la principal moneda de El Salvador es el dólar estadounidense, autoridades salvadoreñas aún no han dejado claro cómo el país planea implementar Bitcoin como moneda funcional.
El Ministerio de Economía del país centroamericano asegura que 70% de los salvadoreños carece de acceso a los servicios financieros tradicionales, de ahí que “se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado” para impulsar el crecimiento del país.
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