Aunque estaba en agenda de las negociaciones en México, las delegaciones del Gobierno y la oposición venezolana no llegaron a acuerdos sobre la reforma del sistema de justicia, un tema que especialistas consideran fundamental para el avance en otros temas.
La tercera ronda de diálogos entre las partes venezolanas en Ciudad de México cerró esta semana con un comunicado en el que señalan que las delegaciones “comenzaron la discusión sobre importantes puntos” y explican que se habrían “acercado posiciones” en la búsqueda de soluciones “en materia social, económica y política”.
Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, no es sorpresa que el gobierno “dilate” la discusión sobre el tema de justicia.
“Uno de los temas cardinales, un tema que es la columna vertebral de todo esto, es la cuestión de la justicia. Hoy día en Venezuela el Poder Judicial está completamente subordinado al Ejecutivo”, afirmó Vivanco a la VOA.
En este punto coinciden analistas en Washington, que aseguran que la falta de independencia judicial tiene su impacto y ramificaciones en el estado de los derechos humanos en Venezuela.
“No hay manera de garantizarle al ciudadano común la imparcialidad y la autonomía que deberían tener como derecho humano cuando un juez le imparta justicia”, señala a la Voz de América Gustavo Marín, abogado en derecho constitucional.
Marín señala que la situación de la justicia en Venezuela no es nueva. “Hoy tenemos lo que tenemos, la cantidad de presos políticos, personas perseguidas judicialmente y el uso del Poder Judicial como un arma, como un brazo del Estado para perseguir”.
A inicios de septiembre, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su más reciente informe en el que concluyen que tienen motivos razonables para creer que “el sistema de justicia venezolano ha tenido un papel significativo en la represión del Estado contra opositores”.
Los especialistas consultados consideran que no será posible avanzar en otros aspectos de las negociaciones, mientras no se acuerden los mecanismos y garantías para lograr un sistema judicial independiente.
“Tú no simplemente puedes resolver el problema político en Venezuela eligiendo nuevos alcaldes, eligiendo nuevos gobernadores, eligiendo a un nuevo presidente, cuando tienes un Poder Judicial que no va a dictar decisiones judiciales como exigen las Comisiones Americanas de Derechos Humanos”, afirma Marín.
Pero, desde Miraflores, la lectura sobre los avances de las negociaciones es diferente.
“Yo creo que seguimos avanzando en México. Hemos dado otro paso de diálogo, de entendimiento. Hemos dado otro paso acertado”, aseguró recientemente el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Y aunque algunos consideran que han existido avances, especialmente desde el punto de vista electoral, con miras a los comicios regionales de noviembre, también consideran que mientras no se aborden los temas centrales, será difícil avanzar hacia un cambio.
“Mientras transcurra el tiempo y no se hagan reformas de fondo en Venezuela que permitan restaurar con urgencia el Estado de derecho, no va a cambiar gran cosa en el país”, apunta el director ejecutivo de Human Rights Watch.
Para Vivanco, la situación no se resuelve solo con la mera liberación de presos, o con la suspensión de causas abiertas “injustamente”.
Por lo que desde organizaciones que defienden los derechos humanos insisten en que la independencia judicial es un requisito previo para la garantía de los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
“Esto se logra resolver en la medida que haya un acuerdo que implique la restauración de la independencia de poderes”, afirma Vivanco en este sentido.
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