Un grupo de familiares de opositores presos en Nicaragua anunció el lunes que busca el apoyo del Vaticano, a través del nuncio apostólico en Managua, para gestionar ante el gobierno de Daniel Ortega la excarcelación de sus parientes detenidos.
En una rueda de prensa online dirigentes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijeron que la gestión será parte de una campaña denominada “Navidad sin presas ni presos políticos”, promovida por esa organización opositora, cuyos máximos líderes están encarcelados o en el exilio.
Daisy George, activista de la ACJD en la costa Caribe nicaragüense, recordó que el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, intercedió por la libertad de decenas de opositores arrestados tras la revuelta social de 2018 y que fueron excarcelados en 2019.
“El nuncio era el único canal que teníamos para sacar a los presos”, dijo George y agregó que volverán a intentar su excarcelación mediante “un vínculo permanente con la Iglesia, sea el nuncio o la Conferencia Episcopal de Nicaragua”.
“Estamos estableciendo los canales con el nuncio para obtener su apoyo”, aseguró a su vez Lesbia Alfaro, madre del líder universitario Lesther Alemán, arrestado en junio. Alemán es el estudiante que increpó a Ortega y lo conminó a “rendirse” durante el diálogo de mayo de 2018, realizado al calor de las protestas sociales que el gobierno calificó de “fallido golpe de Estado”.
![El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera. [Foto: VOA]](https://gdb.voanews.com/151f040e-0adc-422c-ba42-8a890a12bac5_w100_r1.jpg)
The Associated Press solicitó la opinión del nuncio Sommertag sobre el tema, pero el diplomático no formuló comentarios de forma inmediata.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay más de 160 “presos políticos”, incluidos 41 dirigentes opositores, activistas y profesionales detenidos en los últimos seis meses. Entre ellos figuran siete aspirantes a la presidencia que pretendían competir contra Ortega en los comicios del pasado 7 de noviembre en los que el mandatario, de 76 años, obtuvo su tercera reelección consecutiva.
Diputados oficialistas anunciaron hace semanas que Ortega llamará a un “gran diálogo nacional” tras su nueva investidura el próximo 10 de enero, aunque aclararon que la convocatoria sólo incluirá a “los que aman a Nicaragua y no a los que piden sanciones”, en alusión a los principales bloques opositores que fueron excluidos de los comicios.
Al respecto, Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial detenido Juan Sebastián Chamorro, dijo que los familiares de los reos de conciencia no aceptarán dialogar con el gobierno si antes no consiguen “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.
“Cualquier formato de diálogo que no incluya a la oposición no tendrá legitimidad”, acotó por su parte George.
Nicaragua vive una aguda crisis sociopolítica desde las protestas que estallaron hace casi cuatro años y que fueron reprimidas por policías y paramilitares. Datos de la CIDH revelan que 355 civiles y 23 policías murieron entre abril de 2018 y de julio de 2019, mientras que otros 2.000 civiles resultaron heridos y más de 103.000 se encuentran exiliados. El gobierno asegura que los opositores son “terroristas” y sólo reconoce 200 fallecidos.
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