La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar el viernes los argumentos orales contra dos de las políticas de vacuna contra el COVID-19 de la administración del presidente Joe Biden emitidas por agencias gubernamentales para combatir el coronavirus.
Técnicamente, el tribunal no está decidiendo la legalidad de las iniciativas de la administración, solo si pueden ser implementadas mientras continúan las demandas que las impugnan.
Las políticas "son críticas para la respuesta al COVID-19 de nuestra nación", dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.
Los mandatos que se están revisando fueron emitidos por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
La política de OSHA requiere que los empleadores con 100 empleados o más se aseguren de que sus trabajadores estén completamente vacunados o se sometan a pruebas semanalmente. El mandato de los CMS para los trabajadores en las instalaciones de atención médica que aceptan fondos federales de Medicare y Medicaid requiere que los trabajadores estén completamente vacunados, con exenciones, incluso por creencias religiosas sinceras.
Los estados liderados por los republicanos y una alianza de grupos empresariales y religiosos están desafiando el alcance amplio de las políticas y los efectos que los mandatos están teniendo en las empresas y los trabajadores.
Sin embargo, las políticas han sido respaldadas por la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Salud Pública y varios exfuncionarios federales de salud.
El desafío se presenta ante la Corte Suprema después de que varios tribunales inferiores emitieron opiniones divergentes sobre las políticas.
El COVID-19 ha infectado a millones de personas en EE. UU. y ha matado a más de 800.000.
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