Recientemente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) anunció que trabaja por acelerar el proceso de visado H-2B para traer trabajadores temporales no agrícolas y que lo hace de conjunto con los países emisores, sin embargo expertos consultados por la Voz de América -aunque celebraron el anuncio- han señalado la necesidad de una mayor protección por parte de los empleadores.
“Lo importante en esto es que se recalca la manera en la cual se puede hacer llegar más rápidamente las visas a personas que radican en Centroamérica; la adhesión de Haití es muy importante, pero sigue prevaleciendo en este caso el apunte o la dirección para personas de hoy de Guatemala, del Salvador y Honduras”, señaló Ariel Ruiz, analista de políticas públicas del Instituto de Política Migratoria (MPI), con sede en Washington DC.
El pasado 20 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un aumento de 6.000 visas en la categoría H-2B para estos cuatro países. La noticia se alinea con la política migratoria del presidente Joe Biden, quien la usó como punta de lanza de su campaña electoral y la ha defendido ante las críticas de sus opositores republicanos.
Seguridad Nacional recalcó en su declaración que por primera vez complementará el límite H-2B con visas adicionales en la primera mitad del año fiscal 2022.
La estrategia de la Casa Blanca es desplegada precisamente cuando el Departamento de Trabajo ha emitido un informe que indica que en los trabajadores estadounidenses continúan abandonando sus puestos laborales, ahora en una cifra récord de 4,5 millones de puestos, 370.000 de estas renuncias ocurrieron en el mes de noviembre.
El anuncio de USAID recalca que su gestión con los gobiernos de Centroamérica está empujada por la necesidad de "aumentar las oportunidades para cubrir empleos temporales legalmente en Estados Unidos, y servirán de apoyo a la recuperación económica estadounidense".
La VOA envió solicitud de comentarios a distintas agencias del gobierno sobre si ese apoyo estaría basado en un aumento en el número de visas o tienen planeadas medidas similares en el futuro, pero no obtuvo respuesta.
Las cancillerías de El Salvador y Honduras tampoco respondieron a solicitudes de información sobre el trabajo conjunto con USAID.
Irregularidades en la contratación
Las interrogantes surgen también al cotejar los datos del DHS de que hasta agosto de 2021 al menos 1,5 millones de inmigrantes irregulares habían sido interceptados en la frontera sur, desde octubre de 2020.
“6.500 visas dan un mensaje de oportunidad para esas personas que están buscando migrar a Estados Unidos y lo quieren hacer de una manera legal y así reducir el peligro que se encontrarían si lo hicieran de manera irregular”, señaló Ruiz en su análisis.
Daniella Burgi-Palomino es co-directora del Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), una institución con sede en Washington DC en entrevista con la VOA insistió en los pasos concretos que debe dar la Casa Blanca para que no se repitan “los problemas que han tenido estas visas en años anteriores”.
“Si no se resuelve de la manera en que estas visas han causado violaciones de los derechos humanos, específicamente los derechos laborales de los trabajadores realmente no van a contribuir o beneficiar a las personas de la manera en que se espera”, afirmó.
La analista citó denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores beneficiados con las visas H-2B, así como informes de una de las organizaciones asociadas a LAWG, el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) con sede en México y EE. UU.
En julio de 2020, por ejemplo, el CDM emitió una declaración en la que daba cuenta de que junto a una firma de abogados representaría a cinco trabajadores mexicanos que alegaron sentirse perjudicados por constructora Precision 2000, con sede en Atlanta, Georgia, debido a cobro excesivo del precio de la renta de vivienda, hacinamiento en el lugar de alojamiento y otras.
“Las y los trabajadores con visas H-2B a menudo viven en viviendas de calidad inferior facilitadas por su empleador, enfrentan amenazas de deportación y carecen de libertad para moverse. Cuando hablan, a menudo enfrentan represalias con poco apoyo para defenderse: las y los trabajadores H-2B generalmente no pueden acceder a servicios legales financiados por el gobierno federal”, dijo entonces Ben Botts, Director Legal del CDM.
Reforzar los derechos humanos
En respuesta a la VOA, Seguridad Nacional remitió a su declaración del 20 de diciembre, haciendo énfasis en que “la regla propuesta incorporará las eficiencias del programa y protegerá contra la explotación de los trabajadores H-2B”.
Burgi-Palomino agregó que “La contribución de los emigrantes a la economía de Estados Unidos siempre ha sido muy fuerte”, sobre todo en estos casi dos años de pandemia de COVID-19, sin embargo cree que habría que observar cual sería el esfuerzo de las entidades gubernamentales de EE. UU. por atajar las violaciones a los derechos de los trabajadores.
Sería una estrategia dentro de muchas otras, zanjó, pues si no “lejos de ayudar a las personas que tienen mucha necesidad en Centroamérica, simplemente va a empeorar su situación y los va a devolver a la misma situación en que estaban anteriormente”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, no estuvo disponible a solicitud de comentarios de la Voz de América.
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