El presidente venezolano, Nicolás Maduro, promulgó una ley que reforma el sistema judicial de su país donde se reduce el número de magistrados del Tribunal Supremo, sin haber procurado un acuerdo político con la coalición de partidos mayoritarios que se le opone.
El mandatario firmó la aprobación de la normativa el miércoles 19 de enero, según se publicó en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.684.
La modificación de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada previamente por el Parlamento, contempla que la Sala Constitucional tenga cinco jueces —antes eran siete— y el resto de las salas, tres —eran cinco.
La ley establece que la designación de esos magistrados corresponde al voto de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional venezolana, donde las fuerzas chavistas tienen 256 de 277 diputados electos en diciembre de 2020.
La oposición que enfrenta a Maduro considera que ese Parlamento nacional es ilegítimo por haber sido votado en unas elecciones sin condiciones. Reconoce, en cambio, a los diputados electos en diciembre de 2015.
El poder legislativo designará los 20 magistrados y aquellos jueces que aún no han culminado su período de 12 años, como los electos en diciembre de 2015, podrán postularse de nuevo a sus cargos, de acuerdo con la reforma.
En caso de que no haya acuerdo sobre los nombres de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia en tres sesiones, habrá una cuarta reunión para elegirlos por mayoría simple del Parlamento venezolano, reza la reforma aprobada.
Una comisión preliminar de 11 diputados convocará a la sociedad venezolana para que postulen a aspirantes a integrar el TSJ. Esa instancia recibirá y preseleccionará a los candidatos, según la normativa secundada por Maduro.
El texto promulgado determina que el Tribunal Supremo tiene seis meses para reorganizar su estructura. Incluye, asimismo, precisiones sobre los lapsos probatorios del sistema judicial, los informes orales y las decisiones.
El ministro de Comunicación de Maduro, Alfred Nazareth, aseguró en Twitter que la reforma promulgada busca “garantizar al pueblo respuestas eficientes y mejorar la administración de Justicia en Venezuela”.
Sin acuerdo con la oposición
La reforma del sistema judicial de Venezuela era uno de los puntos a discutir en la última ronda de los diálogos políticos entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria opositora, en septiembre pasado, en Ciudad de México.
La delegación oficialista notificó en octubre que suspendía su participación en el proceso de México, facilitado por el Reino de Noruega, debido al “secuestro” de uno de los integrantes de su misión, el empresario colombiano Alex Saab.
Cabo Verde extraditó a Saab a Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de capitales por hasta 350 millones de dólares en el sistema financiero norteamericano, en las vísperas de la tercera ronda formal de diálogo.
La oposición, entonces, expresó su aspiración a “abrir la discusión sobre la construcción del sistema de justicia”.
Según Gerardo Blyde, jefe delegado de la coalición antichavista, ese tema era clave para la reinstitucionalización del país.
“Venezuela es un país con una justicia secuestrada, que persigue y encarcela a la disidencia y promueve la impunidad. Rescatarla es un requisito fundamental para reconquistar nuestros derechos”, dijeron los opositores en un comunicado.
La promulgación de la reforma legislativa coincide con el anuncio, esta semana, de parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de fijar hasta el 16 de abril próximo el plazo para que el Estado venezolano informe sobre las investigaciones que ha hecho sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
En noviembre, el fiscal determinó que existen fundamentos razonables para considerar que hubo crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017, lo cual reveló durante la firma de un memorando de entendimiento con el presidente Maduro en Caracas.
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