La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM) reiteró su preocupación respecto al “limitado” alcance de las investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa humanidad, contra autoridades materiales “de bajo nivel”, por lo que se están ampliando las actuales investigaciones a las responsabilidades de las “más altas” de la cadena de mando.
Durante la actualización actual del informe de 2020, Marta Valiñas, presidenta de la FMM, expuso su preocupación por la detención de varios venezolanos, pero puntualmente por la de Javier Tarazona, director de Fundaredes, una ONG que ha denunciado la presencia en territorio venezolano de grupos irregulares colombianos con la anuencia del Gobierno de Venezuela.
“La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso”, manifestó el viernes.
También consideró preocupante que “a pesar de las reiteradas peticiones”, personas identificadas en informes anteriores no hayan recibido una atención medica adecuada, entre ellas Ermilendris Bénitez, una mujer que fue detenida por supuestamente estar vinculada con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue “sometida a torturas” y cuya salud de ha deteriorado “dejándola postrada en una silla de ruedas”.
Resaltó, además, que en la segunda mitad de 2021 se produjeron dos muertes en custodia de personas opositoras “o percibidas como tal”, ambas relacionadas con la falta de atención médica; una de ellas es la muerte del general Raúl Isaías Baduel.
Valiñas insistió en que se “necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.
“La Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de Justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, acotó.
Algunos “avances positivos”
Si bien admiten haber registrado “avances positivos” tras la modificación de 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal, todavía “hay decenas de personas” que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, reaccionó asegurando que el Estado no reconoce a la FMM y aseguró que su existencia es “politizada” y sin “virtud”.
“Sería terrible para este tipo de actualizaciones reconocer con la verdad en la mano que mi país ha fortalecido e incrementado su cooperación con la oficina de la Alta Comisionada de los DDHH, sería terrible reconocer que especialistas de la oficina ofrecen cooperación y asistencia técnica al Estado bajo un clima de concordia y dialogo respetuoso”, afirmó.
“Su contenido refrendado por una misión fantasma y elaborado de manera remota carece de rigor científico y metodológico en el tratamiento de la información y es claramente politizado, parcializado y selectivo”, insistió.
Constant sostuvo que los “cuantiosos” recursos financieros que recibe la FMM, deberían ser donados para importar bienes de primera necesidad “que las criminales medidas internacionales coercitivas nos impiden adquirir”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como PROVEA, condenaron la respuesta del Estado venezolano al considerar que expresa “la poca voluntad del gobierno de rectificar”.
En ese sentido, insisten en la necesidad de prorrogar, en septiembre, el mandato de la Misión.
En su primer informe publicado en septiembre de 2020, la FMM detalló casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas, por lo que concluyó que “hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas constituyen crímenes de lesa humanidad”.
En noviembre del año pasado la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
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