El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado este jueves una resolución que establece que durante un año un grupo de expertos -con un mandato de investigación y rendición de cuentas- trabajen por esclarecer “las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua” durante el año 2018.
La resolución que fue presentada por Chile y aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra establece, entre otras cosas, que un grupo de tres expertos, que serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, emprenderán investigaciones exhaustivas de todos los presuntos abusos cometidos durante la administración de Daniel Ortega.
Con ello se pretende identificar a los responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas, indica el documento oficial de la ONU.
La Administración Ortega ha reaccionado molesta ante la conformación del grupo de expertos y ha manifestado “su rechazo absoluto a las resolución” ya que, según indica, “son valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos”.
“No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido; lejos de basarse en una recopilación veraz sobre la realidad de los Derechos Humanos de los nicaragüenses”, dijo la procuradora general de la República, Wendy Morales.
Organizaciones celebran resolución
La resolución ha generado esperanzas en organizaciones locales e internacionales que indican que podría ser el inicio de un largo proceso de justicia al que se someterían a los responsables de violar los derechos humanos.
De hecho una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses se pronunciaron al respecto y celebraron la resolución.
La organización nicaragüense Urnas Abiertas expresó en un comunicado que “en medio de la represión y un sistema de justicia cooptado que es pieza clave de la represión, el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas por el Consejo dela ONU, es el respaldo que las organizaciones de derechos humanos necesitamos para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas en un futuro proceso de justicia”.
Por su parte Vilma Nuñez de Escorcia, presidenta del CENIDH-Nicaragua, indicó por medio de otro comunicado la importancia de la comisión ya que a su juicio las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de derechos humanos.
“Ortega se ha cerrado al escrutinio”
Según declaraciones a la Voz de América de Juan Pappier, investigador senior de la división para las Américas de Human Rights Watch, “Ortega se ha cerrado al escrutinio internacional”, no colaborando con las Naciones Unidas, expulsando al Nuncio Apostólico y al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja”.
Por tanto considera que el bloqueo a la comitiva que se delegaría no sería la excepción, sin embargo asegura que si Ortega no les permite visitar el país, “ellos pueden entrevistar a familiares de víctimas, hablar con aquellos nicaragüenses que han tenido que salir del país, muchos de ellos en Costa Rica o en los Estados Unidos, y pueden recolectar todo tipo de evidencias para llegar a conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo”.
Pappier menciona que otras entidades de este tipo existen en Venezuela o Yemen para una tarea similar.
“Creo que esto, en este panorama tan desolador, podría ser una buena noticia para darle a las víctimas de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos a lo menos una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia y los responsables de estas violaciones de derechos humanos serán llevados ante la justicia”, dijo el vocero de HRW.
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