Unos 500 migrantes venezolanos, centroamericanos y de otros países atravesaron el viernes filas policiales y de la Guardia Nacional en el sur de México, al iniciar una de las primeras marchas del año.
Los migrantes describieron la marcha como una protesta anual tradicional vinculada con la Semana Santa y los de la primera fila cargaban una cruz blanca, como ha sucedido en años anteriores, pero este año la protesta comenzó dos semanas antes y algunos dijeron que en lugar de la habitual marcha breve tratarían de llegar a la frontera con Estados Unidos.
En un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional y agentes de inmigración, los migrantes utilizaron la cruz que portaban como un ariete para abrirse paso y la cruz de madera se hizo pedazos.
Los agentes, que tenían escudos antimotines, porras y lo que parecía ser aerosol irritante, detuvieron a algunos migrantes mientras muchos más pasaban corriendo.
Los migrantes partieron de Tapachula, una ciudad del sur de México cerca de la frontera con Guatemala, el viernes por la mañana. Muchos se quejan de que de hecho los tienen presos en Tapachula debido a la lenta tramitación de sus pedidos de asilo y que no consiguen trabajo en el estado de Chiapas para poder mantener a sus familias.
“Nos tienen prácticamente presos, no nos dejan salir de este estado, ya que nosotros estamos aquí (de manera) irregular”, sostuvo la venezolana Noreydi Chávez. “Nos exigen sacar visa, refugio, pero nunca tenemos respuesta de nada. Hacemos papeleos y nunca nos atienden”.
El peruano Reynaldo Bello se sumó a la marcha con su esposa y su bebé porque estaban viviendo en un parque y pasando hambre mientras aguardaban la tramitación de sus papeles.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció el viernes el fin del Título 42, una norma que permitía rechazar los pedidos de asilo para proteger a Estados Unidos del coronavirus. La norma, vigente desde marzo de 2020, llevó a la expulsión de migrantes más de 1,7 millones de veces.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) dijeron que la norma cesaría a partir del 23 de mayo.
Durante el pico de la variante ómicron, a fines de enero, los CDC extendieron la orden hasta esta semana.
Luis García Villagrán, un activista del Centro de Dignificación Humana, dijo que las autoridades mexicanas de inmigración habían interrumpido la tramitación de visas en Tapachula y decían a los migrantes que el único camino para regularizar su estadía en México era la solicitud de asilo o estatus de refugiado, un trámite mucho más largo.
Una marcha de migrantes en la misma zona fue dispersada en enero y otras similares en 2020 y 2021. Las marchas son mucho menores que las caravanas de 2018 y 2019, en las que llegaron miles de personas a la frontera con Estados Unidos.
Las caravanas comenzaron hace varios años como un medio para los migrantes que no podían pagar a los contrabandistas, pero Guatemala y México empezaron a dispersarlas de manera más enérgica.
El gobierno mexicano ha tratado de aplacar a Washington deteniendo las caravanas y permitiendo la reinstalación de la norma llamada “Permanecer en México”.
Sin embargo, México no ha podido detener el aluvión de migrantes introducidos por cientos en camiones operados por contrabandistas que les cobran miles de dólares para llevarlos a la frontera, viajes que a veces culminan en tragedias.
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