El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó el martes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a todos aquellos que cometieron crímenes durante medio siglo de conflicto armado en su país de no haber hecho lo suficiente ante la sociedad colombiana para reparar sus delitos.
Duque dijo que los “aportes” en reparación a víctimas “están lejos de las expectativas”.
Se refería en parte así a los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz y que están rindiendo cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz de 2016 para juzgar los crímenes del conflicto interno. Ante la JEP comparecen tanto excombatientes como agentes del Estado y militares.
“Esperamos que los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad le digan al país la verdad sobre el secuestro, sobre el reclutamiento de menores, sobre los delitos contra la mujer y por supuesto sobre estos vejámenes contra la fuerza pública", señaló Duque. “Quiero expresar que existe todo el deseo de avanzar en una reparación efectiva, el Estado colombiano lo ha cumplido, pero se requiere también que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad también hagan una reparación económica, material y creíble”.
El tribunal de paz de Colombia investiga los crímenes ocurridos en el conflicto interno a través de macro casos que incluyen secuestros cometidos por las antiguas FARC, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado llamados “falsos positivos”, la victimización del partido de izquierda Unión Patriótica y el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
La cúpula de las extintas FARC aceptaron en 2021 ante el tribunal de paz su culpabilidad por el secuestro de más de 21.300 colombianos. Los ex FARC asistirán en las próximas semanas a audiencias en las que deben reconocer públicamente su responsabilidad, Luego de eso el tribunal establecerá las sanciones. También se darán audiencias en las que varios militares reconocerán su responsabilidad en los casos de “falsos positivos”.
Por otro lado, durante la reunión en el Consejo de Seguridad para analizar el proceso de paz colombiano, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, criticó con dureza a Duque, acusándole de fallar en la implementación de la paz en su país debido a los niveles de violencia que se registran.
Colombia es uno de los países que ha apoyado dos resoluciones recientes de la Asamblea General de la ONU exigiendo un cese al fuego inmediato por parte de Rusia en su invasión a Ucrania. Nebenzia dijo que grupos sin ánimo de lucro informan al Consejo sobre el proceso de paz colombiano.
“Por sus cartas, está claro que los últimos cuatro años fueron o muy improductivos o que la situación deterioró al nivel del periodo en que se firmó el acuerdo de paz”, dijo Nebenzia.
Duque, que habló una segunda vez ante el Consejo, respondió al embajador ruso: “Es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo darle mensajes de paz al mundo mientras se están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos”.
El acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acabó con medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, varios grupos armados ilegales siguen usando la violencia para mantener control sobre rutas de narcotráfico. Estos grupos son principalmente Segunda Marquetalia, que es un grupo de disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en el país latinoamericano, donde más de 13.000 excombatientes entregaron las armas. El gobierno de Colombia asegura que apoya económicamente a 12.826 de ellos, cuyos beneficios se extinguían en agosto de 2019, pero fueron prorrogados.
Duque, quien habló por primera vez ante el Consejo, defendió el martes la labor de su administración en la lucha contra grupos armados ilegales en su país y la reinserción en la sociedad de miles de excombatientes de las antiguas FARC.
El presidente enumeró lo que calificó de logros de su política pública llamada Paz con Legalidad, o construcción de paz sin impunidad para aquellos que cometieron crímenes. Entre otros aciertos, aseguró que la mitad de todas las áreas erradicadas de cultivos ilícitos han ocurrido durante su gobierno. Añadió que el narcotráfico es el mayor enemigo de la construcción de la paz en Colombia y pidió que países consumidores de drogas ilegales asuman su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.
El último informe del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre Colombia destaca el “deterioro” en la situación de seguridad en el departamento de Arauca, donde, según las autoridades 116 personas han sido asesinadas debido a choques entre el ELN y disidencias de las FARC.
Desde la firma de los acuerdos de paz, 315 excombatientes han sido asesinados, señala el informe. La violencia provocada por grupos armados ilegales pone en peligro a comunidades indígenas y afro-colombianas, asegura el Secretario General.
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