Nicaragua se quedará sin organizaciones defensoras de derechos humanos establecidas legalmente. La última que quedaba en pie —la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua -CPDH — será cancelada esta semana por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo.
La entidad fue una de las que registró las graves denuncias contra el Estado en las protestas antigubernamentales del año 2018, no obstante tiempo después comenzó a ser asediada por la Policía Nacional, de hecho una de sus abogadas, María Oviedo, se encuentra en prisión bajo el supuesto delito de “conspiración”.
El inevitable cierre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos es catalogado como “una barbaridad” por otros expertos en la materia, como la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez que ha trabajado en la liberación de los presos políticos.
“El legislativo está cometiendo un gran error en quitarle la personería jurídica a esta organización porque es la única que ha quedado dándole respaldo a las víctimas, al frente de la defensa de presos y presas políticas”, subrayó Martínez vía telefónica a la Voz de América, y agregó que las consecuencias del cierre “serán bastante desastrosas porque la población que acudía a las oficinas para solicitar asesoría, para poner denuncias quedarán en indefensión”.
“Esto trae una repercusión enorme a Nicaragua, esto trae como consecuencia más impunidad, la criminalización hacia los defensores ha sido enorme, pero el cercenar el derecho a defender derechos a una organización es aún más criminal, es aún más actuaciones anómalas y lamentablemente el poder legislativo lleva la voz cantante en esta violación inminente de derechos humanos”, expuso Martínez.
Desde el 2018 el gobierno ha clausurado el resto de organizaciones enfocadas en la materia, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) sin que queden muchas alternativas para la población.
El mismo fin tendrán unas 24 organizaciones no gubernamentales más, dentro de estas se encuentran algunas dedicadas a ejercer labores a favor de la niñez y la adolescencia, como Codeni, y otras enfocadas en promover la literatura, como la Fundación Luisa Mercado que presidía el escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez.
Mismo mecanismos para cancelaciones
El argumento del oficialismo para dicha medida ha sido que las entidades supuestamente han incumplido con las Leyes que regulan los Organismos sin Fines de Lucro, como el no mostrar los estados financieros, el no reportar las juntas directivas establecidas y el no reportar las donaciones provenientes del exterior.
Bajo esa misma excusa se han eliminado otras cien organizaciones más, no obstante, la mayoría niegan las acusaciones y han indicado que el Ministerio de Gobernación (Migob) bajo la cual se rigen las entidades, no recibe las documentaciones correspondientes con el fin de ser clausuradas por ser críticas o ejercer una labor en defensa a los derechos humanos.
“Con esta nueva acción, lo que manda el régimen es un mensaje clarísimo de que está enfocado en no dejar piedra sobre piedra de nadie que promueva derechos humanos en Nicaragua, de nadie que los proteja, se está mandando un mensaje al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional, que le tiene sin cuidado todas las medidas de presión que hasta ahora se han tomado”, sentenció a la VOA la activista nicaragüense Haydeé Castillo, exiliada en Estados Unidos desde el 2018.
Castillo indica que con esto se plantea un reto a todas las organizaciones que luchan por las libertades en Nicaragua y al resto de la sociedad civil. “Urge en realidad conformar un sólo bloque, una estrategia clave, clara, para poder enfrentar semejante desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua”, concluyó la opositora.
Nicaragua cumplió este 18 de abril cuatro años de crisis sociopolítica bajo una ola de arrestos, allanamientos y persecución a opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega que lleva más de 15 años consecutivos en el poder en Nicaragua bajo señalamientos de fraudes electorales.
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