Cinco organizaciones sociales documentaron más de 300 denuncias de violaciones a derechos humanos en el primer mes del régimen de excepción decretado a petición del presidente Nayib Bukele para combatir a las maras o pandillas, a las que responsabilizan de una ola de asesinatos registrados en los últimos días de marzo en El Salvador.
Las Organizaciones No Gubernamentales Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SPASS), Azul Originario (AZO) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) señalaron en un comunicado de prensa que han documentado 338 denuncias.
Según la información, la vulneración que más se ha denunciado es la detención arbitraria, lo que representaría en algunas organizaciones más del 70% de los casos recibidos, seguidos de allanamientos a viviendas, lesiones, robo e incluso la muerte de una persona detenida, en el caso de Cristosal.
El estado de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Las medidas impulsadas por El Salvador para combatir a las pandillas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, mientras que algunos periodistas, activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de derechos humanos.
Según información oficial, hasta el 3 de mayo las fuerzas de seguridad habían capturado a 24.071 presuntos pandilleros. Los tribunales de justicia decretaron la detención preventiva de más de 10.000 imputados. Las autoridades también han confirmado la captura de seis de 15 cabecillas que integran la “Ranfla Nacional” (dirección nacional), de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos provienen del área metropolitana de San Salvador y la zona paracentral del país. Sin embargo, las ONG dicen que se tiene al menos un caso en cada uno de los 14 departamentos. La mayoría de las víctimas son hombres entre los 18 y 30 años, añaden las organizaciones.
Desde el 27 de marzo y horas antes de que el Congreso aprobara el estado de emergencia, unidades policiales y militares fuertemente armadas irrumpieron en barrios y comunidades de bajos recursos, supuestos bastiones de las pandillas, y sin tener que dar explicaciones fueron de puerta en puerta sacando a la rastra a numerosos jóvenes. También bloquearon los accesos con alambres de púas, decidieron quién entraba y salía y exigieron identificaciones.
En un informe de Human Rights Watch y Cristosal se advierte que es muy probable que el volumen de detenciones haya agudizado el hacinamiento carcelario en el país. En diciembre las prisiones salvadoreñas ya estaban operando a un 136% de su capacidad. El 19 de abril el Congreso aprobó una ley para construir nuevas prisiones para albergar a los pandilleros.
El 24 de abril el Congreso prorrogó por 30 días la vigencia del régimen de excepción, que permite que fuerzas combinadas de policías y soldados, sin orden judicial, continúen capturando supuestos miembros o colaboradores de las pandillas que tienen presencia en populosos barrios del país y que están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. Las pandillas además extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
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