Miembros de la sociedad civil de Guatemala denunciaron el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la agudización de la persecución contra funcionarios de justicia guatemaltecos que han participado en investigaciones contra casos emblemáticos de corrupción.
Uno de los casos más destacados es el del juez Miguel Ángel Gálvez, conocido por haber emitido fallos importantes en investigaciones sobre crímenes de guerra y de corrupción y que enfrenta un trámite de retiro de inmunidad, avalado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El fallo se da a petición de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que el pasado 11 de mayo solicitó un antejuicio contra el juez.
El proceso, iniciado por el supremo de Guatemala, contra el juez anticorrupción se suma a otros casos en los que los impartidores de justicia son objetos de juicios por los casos que presidieron y en los que emitieron resoluciones que involucran a actuales funcionarios, exfuncionarios, militares y poderosos empresarios guatemaltecos.
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UNDEFEGUA), uno de los organismos que presentaron su denuncia, en 2021 se registraron 211 agresiones contra funcionarios de Justicia por pare del Estado, donde existe un deterioro de la garantía a la defensa.
Entre algunas de las denuncias presentadas, señalan que los “constantes ataques” o persecuciones contra jueces y magistrados se deben a Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), quien ha sido sancionado por el Departamento de Estado de EEUU por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron crímenes o están bajo investigación por corrupción.
Claudia González, representante de la sociedad civil, agregó que “los ataques” contra abogados y jueces se han intensificado por las denuncias interpuestas por el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, “que fueron investigados y procesados” por los funcionarios que ahora persiguen.
Los miembros de la sociedad civil, quienes han mostrado su respaldo a Gálvez rechazando el proceso en su contra, también repudiaron la persecución contra otros exfuncionario como el ex titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, sobre quien pesa orden de detención; así como la exjueza del Juzgado D de Mayor Riesgo en Guatemala Erika Aifán.
Tanto Sandoval como Aifán, renunciaron a sus cargos y huyeron del país tras recibir amenazas de muerte, así como a otros impartidores de justicia.
En marzo pasado, en entrevista con la Voz de América, la exjueza explicó que estaba bajo presión desde hacía meses, con investigaciones abiertas por el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido señalada por actos de corrupción por EEUU.
La jurista aseguró a la VOA haber recibió una carta del presidente Alejandro Giammattei donde le requería información y la identidad de un testigo protegidos en un caso de corrupción que estaba a su cargo y que involucra a compañías constructoras que dieron sobornos en la campaña electoral que ganó el actual mandatario. La jueza denegó el pedido presidencial.
Luego de las declaraciones de Aifán, la VOA solicitó comentarios al presidente de Guatemala, obtuvo una respuesta de la casa de gobierno afirmando que el mandatario “manifiesta su respeto total a la independencia de poderes del Estado y rechaza cualquier vinculación con la renuncia de Erika Aifán como jueza de Mayor Riesgo”.
Siguen huyendo
En lo que va del año, unos 20 funcionarios de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la CICIG.
Cifra que para Jorge Santos, de UNDEFEGUA, puede ser mayor y podría seguir aumentando, según el organismo de la sociedad civil en Guatemala no existe garantías para el debido proceso.
Y entre algunas de las vulneraciones que han podido identificar -explicó Santos- están, el “entorpecimiento de procesos judiciales (…) por medio de la suspensión arbitraria de audiencias a criterio de algunos jueces, uso excesivo de figuras como la reserva con dos objetivos, limitar el derecho de defensa en tanto no tienen conocimiento que existe una denuncia en su contra y limitar el acceso a los expedientes para que no puedan conocer lo que de ellos consta”.
El Estado por su parte, luego de las denuncias, afirmó ante la CIDH que “cualquier denuncia violación contemplada en la constitución política o leyes penales merece ser denunciada investiga y juzgada por los tribunales competentes”, aunque no mencionó cómo iba el proceso de las qué ya tenían conocimiento.
Mientras que el representante de la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Publico, Tomas Ramírez López, dijo que la institución que representa únicamente tenía el registro de 18 denuncias de persecución de jueces y funcionarios y mostró su disposición a dialogar con los representantes de los organismos defensores de derechos humanos para trabajar en el tema y tener “datos exactos”.
“Realmente son 17, porque una de ellas fue conexada a otra de las denuncias existentes”, dijo López, quien agregó que de julio de 2021 a diciembre de 2021 solo archivaban 22 denuncias.
En cuanto a las vulneraciones mencionadas por UNDEFEGUA y otros representantes de la sociedad civil, el equipo de representantes de la república guatemalteca dijo que “se respeta el principio de independencia judicial”, también afirmó que todos los procedimientos se documentan debidamente.
La delegación de Guatemala además señaló que “al no estar de acuerdo con la resolución de un juez, luego de agotado un debido proceso, no permite que se califique de ilegal o arbitraria la decisión tomada por dicho juez” y que en el país se reconocen los derechos de impugnar cualquier resolución “por las vías legales correspondientes”.
Petición de CIDH
Luego de escuchar las denuncias y la posición del Estado guatemalteco con relación a ellas, representantes de CIDH solicitaron que el gobierno de Guatemala les permita visitar el país para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo en favor de operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Además, pidió un informe de cómo avanza la política pública para defensa de defensores de derechos humanos.
La CIDH dijo que Guatemala ha establecido "una ruta de trabajo” para cumplir con sus recomendaciones, pero que es necesario voluntad y compromiso para ejecutarlas.
En su último informe sobre los derechos humanos en el hemisferio, CIDH, denunció que Guatemala había realizado “acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción”.
Entonces el órgano también puso al país centroamericano en su lista negra de países que violan los Derechos Humanos junto a Venezuela y Nicaragua.
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