El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes la terminación del programa Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido también como ‘Quédate en México’, después de que un juez federal levantó una orden en vigor desde diciembre que impedía su abolición.
El programa, implantado durante la presidencia anterior de Donald Trump, obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que fueran citados para una audiencia en una corte de inmigración de Estados Unidos.
El momento de la terminación estaba en duda desde que la Corte Suprema decidió el 30 de junio que la administración Biden podía levantar la política.
Sin embargo, los funcionarios de Seguridad Nacional guardaron silencio, alegando que tenían que esperar que la corte certificara el fallo y que un juez nombrado por Trump, Matthew Kacsmaryk, de Amarillo, Texas, levantara su decisión. La Corte Suprema certificó su fallo la semana pasada.
El programa será desmantelado de una “forma rápida y ordenada”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Ninguna nueva persona será enrolada y quienes asistan a una audiencia en EEUU tampoco serán regresados a México.
La política “tenía fallas endémicas, imponía costos humanos injustificables y desviaba recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios” para asegurar la frontera, dijo el DSN.
Aún quedan muchas preguntas, como si las solicitudes de asilo que fueron negadas o descartadas tendrán una segunda oportunidad o si quienes tienen su próxima audiencia dentro de varios meses podrán regresar antes a EEUU.
El DSN dijo que ofrecería más información “en los próximos días”.
Unos 70.000 migrantes fueron sometidos a la política, instaurada en enero de 2019 hasta que Biden la suspendió en su primer día en la presidencia en enero de 2021, cumpliendo una promesa de campaña.
Muchos solicitantes de asilo han podido regresar a Estados Unidos para los procedimientos de sus casos desde los primeros meses de la presidencia de Biden.
La política afectó a unas 5.800 personas desde diciembre hasta junio, una cifra relativamente pequeña. Entre ellos había principalmente nicaragüenses, cubanos, colombianos y venezolanos.
El MPP fue una pieza central de la protección fronteriza de Trump, pero los críticos denunciaron que era inhumana porque exponía a los migrantes a una violencia extrema en México y les dificultaba el acceso a los abogados de inmigración.
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