Un tribunal de Myanmar sentenció el viernes a la destituida líder del país, Aung San Suu Kyi, a tres años de cárcel con trabajos forzados luego de declararla culpable de participar en un fraude electoral. El fallo aumenta los 17 años de prisión que ya cumple por otros delitos encausados por el gobierno militar.
La condena podría tener además importantes consecuencias políticas para el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, al respaldar las explícitas amenazas gubernamentales de disolverlo antes de las elecciones que la junta militar prometió celebrar en 2023.
La formación ganó los comicios generales de 2020 por una abrumadora mayoría, pero el ejército le arrebató el poder en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 e impidió un segundo mandato de cinco años de Suu Kyi.
Los militares sostienen que actuaron debido a un presunto fraude electoral generalizado en los comicios, pero los observadores electorales independientes no detectaron ninguna irregularidad importante. Algunos críticos del general Min Aung Hlaing, quien encabezó el alzamiento y ahora dirige el país, creen que lanzó la sublevación porque la votación frustró sus propias ambiciones políticas.
Un vocero de la Red Asiática para Elecciones Libres, un grupo de observación electoral no partidista con sede en Bangkok, dijo el viernes que no detectaron ningún fraude electoral.
“Los observadores electorales nacionales de Myanmar tampoco lo vieron”, dijo Amaël Vier a The Associated Press. “Habría mejoras que hacer, sin duda. En Myanmar teníamos todavía un gran retraso con respecto a otras democracias. ¿Pero las afirmaciones de la junta de que el 25% de los votos fueron fraudulentos? Eso no se sostiene ante nuestro escrutinio, sin duda”.
El golpe de Estado militar provocó amplias protestas pacíficas a las que las autoridades respondieron con fuerza letal, lo que derivó en una resistencia armada que algunos expertos de Naciones Unidas califican ahora de guerra civil.
Suu Kyi ya había sido sentenciada a 17 años de cárcel por la importación ilegal y posesión de walkie-talkies, por violar las restricciones contra el coronavirus, por sedición y por cinco cargos de corrupción. Muchos altos cargos de su partido y de su gobierno también están entre rejas, mientras que otros están escondidos o han huido al extranjero.
Los partidarios de Suu Kyi y los analistas independientes dicen que todos los cargos en su contra tienen motivaciones políticas y son un intento de desacreditarla y legitimar el alzamiento militar, y de impedir su regreso a la política. Todos los juicios en su contra se han celebrado a puerta cerrada.
El fallo emitido el viernes por un tribunal especial en la prisión de la capital, Naipyidó, fue reportado por un funcionario judicial que insistió en el anonimato por temor a ser castigado por las autoridades, que han restringido la difusión de información sobre los procesos contra Suu Kyi. Todos los acusados parecían estar en un buen estado de salud, añadió.
Según la fuente, el expresidente Win Myint y el exministro de la presidencia Min Thu, que también estaban acusados en el caso de fraude electoral, recibieron sendas sentencias de tres años de cárcel con trabajos forzados, una categoría que puede incluir tareas como la construcción de carreteras, aunque no en este caso no, agregó. Sus abogados presentarán recursos en los próximos días, indicó.
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