El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez que llevó a juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y al expresidente Otto Pérez Molina por cargos de corrupción, anunció el martes que renunció a su cargo en medio de un proceso penal en su contra, por supuestos fallos en resoluciones previas dictadas por él.
Gálvez dijo que la justicia en el país está manipulada y que no le garantizaba una justa defensa.
Lo último que se supo del juez, hasta la renuncia publicada en un video en sus redes sociales, era que había salido del país, a la par de un proceso en que buscaba retirársele la inmunidad para investigarlo por fallos en el debido proceso. No se ha tenido registro de su ingreso al país desde que marchó a inicios de noviembre.
“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se están garantizando los procesos como corresponde especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, dijo Gálvez.
Durante su tiempo en funciones como juez, conoció de casos sobre estructuras del crimen organizado, corrupción y procesos de conflicto armado. Ahora, anunció, estaría atento a la situación de Guatemala.
Gálvez enfrenta una investigación por una denuncia presentada por una fundación de ultra derecha que defiende a militares acusados de crímenes de guerra. Los interpelantes tachan la actuación judicial por supuestamente haber excedido el uso de la prisión preventiva en cinco causas judiciales, pese a que Gálvez no conoció tres de las mismas.
El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, es un activista que ya había manifestado opiniones en contra del juez desde sus redes sociales. Aseguraba que vería a Gálvez preso. La Corte Suprema de Justicia admitió y dio trámite a la denuncia contra el juez, con el acompañamiento del Ministerio Público.
Gálvez es un reconocido juez que sentó en el banquillo de los acusado a decenas de militares acusados de crímenes de guerra durante el conflicto armado interno en Guatemala entre el ejército y la guerrilla izquierdista ocurrido entre 1960 y 1996.
El caso más reciente y por el cual el juez asegura aumentó el hostigamiento contra él es el conocido como Diario Militar, un dossier que contenía un registro policial del secuestro, tortura, desaparición y ejecución de más de un centenar de estudiantes, profesionales, académicos guatemaltecos acusados en los años 80 de pertenece a la guerrilla.
Un informe sobre la verdad histórica en el país da cuenta de que más de 200.000 personas murieron durante la guerra, otras 45.000 fueron desaparecidas. Según el documento, el 97 por ciento de los crímenes fueron perpetrados por el ejercito y grupos paramilitares y el resto 3 por ciento por la guerrilla izquierdista.
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