El director de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk inicia este jueves una visita oficial a Venezuela atendiendo una invitación del presidente Nicolás Maduro.
Durante la visita, se espera que Türk se reúna con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de DDHH, representantes de grupos de víctimas, representantes de agencias de la ONU y diplomáticos, de acuerdo a un comunicado de prensa.
Consultado por la Voz de América, Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, considera que toda visita de altos funcionarios de organismos mundiales que se ocupen de la protección de DDHH para que constaten personalmente “cuáles son las realidades de las violaciones a los DDHH”, siempre será “bienvenida, favorable y positiva”.
“Particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser una clara estrategia de limitación de las Organizaciones No Gubernamentales, particularmente de las que nos ocupamos de los DDHH, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo”, agregó.
El martes, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista aprobó, en primera discusión, una propuesta de ley que, para miembros de la sociedad civil, busca “criminalizar” y “aniquilar” a las Organizaciones No Gubernamentales, pero según Diosdado Cabello, el diputado chavista que hizo la propuesta, no se pretende eliminarlas sino “poner orden”.
Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la fundación Formación de Dirigentes Sindicales (FORDISI), espera que la visita del Alto Comisionado sirva para que se exponga el rol “importante y fundamental” de las ONG en el país, especialmente respecto a la ayuda humanitaria y el levantamiento de información ante la opacidad y ausencia de datos oficiales.
“Nos parece muy oportuna y creemos que va a servir para bajarle volumen al tema de satanizar las ONG. Sobre todo, cuando el país está en la calle exigiendo un salario decente. Ojalá que sirva para que Maduro entienda que no puede seguir violando los derechos de los ciudadanos”, manifiesta.
No obstante, otros actores, que prefieren pronunciarse mientras avanza la visita, no guardan mayores expectativas.
Sanciones
A juicio de Mariano de Alba, especialista en derecho internacional, el objetivo del gobierno de Maduro con la invitación a Türk, es que le otorgue “mayor relevancia al efecto de las sanciones internacionales en la economía venezolana”.
“Siguen siendo ínfimas actuaciones del gobierno en respuesta a las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado, incluyendo la implementación plena del memorándum de entendimiento firmado en 2019 que preveía capacitación de funcionarios y visita a centros de reclusión”, resaltó en su cuenta en Twitter.
Para el asesor senior de Crisis Group, resulta “clave” que el Alto Comisionado escuche la visión de una “diversidad de actores en Venezuela, incluyendo los maestros y funcionarios públicos que reclaman el aumento de sus sueldos, que producto de la inflación y el colapso económico, se han tornado indignos”.
Sin embargo, para De Alba, el gobierno tiene una oportunidad relacionada con el levantamiento de sanciones “si realiza concesiones tangibles que demuestren su voluntad” de implementar avances en las condiciones electorales y en las recomendaciones en materia de DDHH.
La ex Alta Comisionada para DDHH, Michelle Bachelet, realizó en junio de 2019 una visita oficial de tres días a Caracas, donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios de su gobierno, miembros de la oposición y de la sociedad civil.
En ese entonces, anunció que se alcanzó un acuerdo para que una delegación de la Oficina del Alto Comisionado opere en el país.
Pero, en junio del año pasado, durante su última participación en un diálogo interactivo sobre Venezuela antes de dejar el cargo, Bachelet, entre otras cosas, reiteró que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático, así como por las condiciones de detención, puntualmente en aquellos centros “previamente administrados por los servicios de inteligencia” y lamentó que “ya no se le permitiera” acceso a su equipo.
“Reitero mi pedido de que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente, en particular cuya detención ha sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias”, dijo.
En nombre de la Plataforma Unitaria de la oposición, la diputada del Parlamento de 2015, Adriana Pichardo, instó a Türk a verificar “presencialmente” las condiciones de reclusión, así como el estado físico y psicológico de ciudadanos considerados presos políticos en Venezuela.
En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
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