Organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador actualizaron este jueves el conteo de personas fallecidas durante el régimen de excepción en el país centroamericano y la cifra se elevaría a 132 muertos bajo custodia del Estado, según cálculos de la organización Cristosal.
La abogada Zaira Navas, investigadora de Cristosal, dijo a la Voz de América que ese número aún es parcial “porque estamos procesando datos”, con lo que esperan tener el informe final a mediados de abril y agregó que “son más personas”.
Si bien otras organizaciones manejan otras cifras, en general coinciden en que el número de muertos ha ido en aumento. En este sentido, la organización Socorro Jurídico Humanitario tiene contabilizadas 126 personas muertas que fueron detenidas el último año, la gran mayoría terminaron en hospitales al ser trasladados ya inconscientes por oficiales de la Dirección de Centros Penales.
Las organizaciones dicen haberse apoyado en algunos informes forenses entregados por los familiares para poder registrar las fatalidades; en otros casos han sido las familias de las víctimas las que han documentado con fotografías los hematomas y golpes que presentaban los cadáveres, muchos también han desobedecido las órdenes de las autoridades al abrir los féretros sellados que les entregaron con los cuerpos, pues en un principio les indicaban “que habían muerto por COVID-19”.
Socorro Jurídico dice en su reporte que su base de datos se ha conformado a partir de las denuncias que han llegado a sus oficinas directamente por familiares y que “esta no es una cifra oficial, porque muchos casos no salieron a la luz pública ya que algunas familias prefirieron callar” y sepultar en silencio a sus muertos.
![La ex legisladora estatal de Maryland Ana Sol Gutiérrez, durante protesta frente a sede diplomática salvadoreña en Washington, el 28 de marzo de 2023, urgió explicar a los salvadoreños en EEUU lo que está sucediendo en el país. [Foto: Tomás Guevara, VOA]](https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-105c-08db2fb72219_cx10_cy2_cw80_w100_r1.jpg)
Por su parte, Cristosal en su informe preliminar indica que su base de información se ha completado con testimonios de personas que estuvieron detenidas y declaraciones de familiares que presenciaron el momento en que las fuerzas de seguridad pública se llevaron a los suyos, aunado a los escuetos informes forenses y fotografías tomadas de los cuerpos.
Durante meses estas organizaciones han indicado que, en muchos casos documentados, las causas de muerte escritas en el peritaje de Medicina Legal no especifican ni señalan los signos de violencia en los cuerpos.
“Un número importante fueron golpeados al momento de la detención; otros sufrieron lesiones graves y no se les dio atención médica y en otros casos fueron víctimas de abuso y tortura en el interior de los centros penales”, acotó la instancia no gubernamental.
El presidente Nayib Bukele negó en octubre pasado que las muertes tuvieran relación con malos tratos dentro de las cárceles; pero una publicación de Revista Factum indicó que, según informes internos de la Policía Nacional Civil (PNC) a los que tuvo acceso ese medio de investigación periodística, la autoridad de seguridad pública reconoce al menos 6 homicidios dentro de las prisiones y otros 24 casos -para investigar- se dieron dentro de las bartolinas de comisarías policiales durante los primeros 50 días del régimen de excepción, los cuales habrían perecido por uso excesivo de la fuerza.
Bukele dijo durante una transmisión en vivo por redes sociales: “yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente. Y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran […] Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera”.
Sin embargo, los registros de las organizaciones sólo incluyen a personas detenidas durante el año de estado de excepción dijo a la VOA la abogada Zaira Navas.
¿Quiénes eran, dónde murieron y a qué se dedicaban?
Las organizaciones también han tratado de crear los perfiles de los fallecidos, a qué se dedicaban, dónde fueron capturados y dónde murieron, además de los rangos de edad y si tenían o no vinculación con pandillas a razón de las motivaciones de las autoridades para capturarlos.
Los datos indican que en 94 % de los casos, los fallecidos no tendrían vínculos con pandillas; el mayor porcentaje de muertes, sobre el 54 % lo conforman varones entre 18 y 40 años, le sigue el grupo de 8 personas mayores de 60 años.
En cuanto a los sitios donde fallecieron, el mayor señalamiento recae en el Centro Penal de Izalco, en el occidental departamento de Sonsonate, de donde las organizaciones han contabilizado que ocurrieron 4 de cada 10 muertes, aunque los reportes forenses ubican el interior del Hospital Jorge Mazzini donde se certificó el 29 % de las muertes totales de los detenidos.
Los defensores de derechos humanos también han levantado datos sobre las ocupaciones de los fallecidos al momento de su captura, “la mayoría eran comerciantes informales, propietarios de tiendas, operarios de molinos, taxistas, picacheros, agricultores, cuatro pastores evangélicos y un sindicalista”, consigna el informe de Socorro Jurídico.
Durante el primer año de estado de excepción se han registrado también 4.723 casos de violaciones a derechos fundamentales que han sido documentados y muchos procesados con los organismos internacionales de vigilancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizaron.
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