El gobierno mexicano informó el jueves que se han girado seis órdenes de aprehensión, se han realizado detenciones y se ha solicitado sancionar a una empresa de seguridad privada tras el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde murieron al menos 39 personas.
En rueda de prensa desde Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, fueron quienes estuvieron a cargo de informar sobre los avances del caso.
Herrerías detalló que se han girado seis órdenes de aprehensión de las cuales se han ejecutado cinco y aclaró que no se darán detalles de los nombres de las personas detenidas para no obstaculizar las investigaciones y no violar la presunción de inocencia.
“Se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAM (Instituto Nacional de Migración), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio, órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como dolo eventual y el delito de lesiones en contra de 67 extranjeros”, comentó.
La titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos agregó que se estará revisando toda la cadena de custodia para determinar a los responsables, sin embargo, no quiso responder si hay funcionarios de alto mando detenidos.
Solicitan sancionar a empresa de seguridad
La titular de la Secretaría de Seguridad detalló que se ha solicitado también sancionar a la empresa grupo de seguridad privada CAMSA S.A. de C.V, la cual prestaba servicios a la estación migratoria de Ciudad Juárez y funcionaba bajo irregularidades.
“Se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y a apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la fiscalía general de la República para las investigaciones correspondientes”, dijo Rodríguez.
Agregó que esta empresa estaba funcionando bajo “irregularidades” por lo cual se comenzaron procesos administrativos para revocarle el permiso e imponer una multa económica, independientemente de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de México.
“La empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, dijo.
Rodríguez mencionó que la empresa de seguridad privada tampoco contaba con permiso de portación de armas y no presentó informes mensuales sobre su personal, los cuales estaban obligados a rendir.
“Ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del servicio de protección federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, informó.
A solicitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo que se realizará un proceso para lograr la reparación del daño a las víctimas y reiteró que no habrá impunidad en el caso.
Por la mañana, en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el caso y dijo que no brindaría información para no entorpecer las investigaciones.
“No quiero yo meterme porque como está abierta la investigación no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables vayan a recurrir a amparos”, dijo.
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