Al menos 824 personas, el 66 % jóvenes de entre 18 y 30 años, fueron asesinadas en 2022 en Venezuela por funcionarios policiales y militares en distintas circunstancias, revela un informe de Lupa por la Vida, un proyecto de derechos humanos que monitorea las ejecuciones extrajudiciales en el país.
“Tan alto número de muertes es la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que casi la totalidad de estos homicidios no se investiguen”, dijo Lupa por la Vida.
El proyecto, que sustenta sus cifras en bases de datos reunidas por varias organizaciones de investigación y derechos fundamentales, entre ellas la Fundación Centro Gumilla-Centro de Investigación y el Programa Venezolano de Educación y Acción en DDHH (Provea), afirma que, de las 824 personas asesinadas, 501 (61 %) pudieron ser identificadas y 323 (39 %) no “fue posible identificar”.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, sostiene que la supresión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), tal y como recomendó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), no resultó en una reducción de la letalidad policial.
“Hubo un reciclaje de los funcionarios de las FAES hacia otros componentes, hacia la Dirección contra la Delincuencia Organizada y hasta la Delegación de Investigación Penal. Llamamos la atención de este organismo policial que es el más letal”, comentó a los medios al hacer referencia al informe.
Según la investigación, desde mediados del 2021 se lanzan operativos de seguridad que “resucitan” prácticas de las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una serie de acciones policiales que comenzaron a mediados del 2013 y que, según el gobierno, marcaron el descenso constante de la delincuencia en el país, pero que para defensores de derechos humanos cometieron “numerosos crímenes de lesa humanidad entre el 2015 y 2017”.
Aunque el informe califica de positivo que el 2022 mostró una “disminución” del número de víctimas en comparación con 2021, también sostiene que “no hay razones sólidas” para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de violencia policial y militar.
“El gobierno sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Es tal la magnitud que prefieren no informar y menos aún en un contexto donde se adelanta una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela”, subraya la investigación.
Lupa por la Vida presume que la disminución en las “privaciones arbitrarias de la vida” obedece, entre otros factores, al impacto de distintos informes presentados por la ACNUDH, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) y la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
También lo atribuyen al impacto del documento y documentación de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que actualmente se encuentran llevando a cabo distintas organizaciones.
El gobierno venezolano ha cuestionado los informes de la FFM y el mes pasado acusó a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y presentó un escrito para desmentir las “falacias de la agresión mediática y geopolítica” para acusar a Venezuela de “supuestos” crímenes de lesa humanidad que, aseguran, “nunca han ocurrido”.
Recomendaciones
Lupa por La Vida recomienda desmilitarizar los mandos de cuerpos policiales y actividades relacionadas con la seguridad ciudadana.
Además, exhorta a poner fin a la “criminalización” de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida.
Alvarado, destaca la necesidad de llamar a las autoridades a garantizar la actuación de los funcionarios conforme a las leyes y a combatir la impunidad.
“Que haya investigaciones genuinas sobre los autores materiales y las cadenas de mando en las ejecuciones extrajudiciales, donde se presume se han cometido crímenes de lesa humanidad”, exclama.
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