Uno de los testigos presentados por el Ministerio Público en el juicio contra el expresidente Mauricio Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas, aseguró el viernes que el exmandatario estaba enterado de las negociaciones con estos grupos criminales para bajar la tasa de homicidios y aseguró que entregó 50.000 dólares para financiarla.
En el último día de la presentación de los testigos por parte de los fiscales, el testigo con régimen de protección e identificado con la clave “Franco”, afirmó que fueron dos pagos que sumaron 50.000 dólares “para pagar fuentes necesarias de la tregua, personas infiltradas dentro de las pandillas y dentro de penales”.
“Franco” aseguró que trabajaba en Casa Presidencial bajo el mando directo de Funes y que le consta que el exmandatario entregó el dinero y avaló la tregua. "La tregua fue un acuerdo con pandilleros que contó con el visto bueno del presidente de la República”.
Detalló que durante el proceso de tregua participó en reuniones que se hacían una vez por semana en el despacho presidencial, donde el entonces ministro de Seguridad, Munguía Payes, le informaba a Funes de la situación. En una de estas reuniones, Munguía Payes le dijo que había que hacer los traslados de los cabecillas de las pandillas del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz a cárceles de menor seguridad.
Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en el 2019 le otorgó la nacionalidad nicaragüense para evitar su extradición, no está presente en el juicio, en el que también es procesado Munguía Payés. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Funes enfrenta cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 11 años de prisión, mientras que al general Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.
Desde Nicaragua, donde vive bajo la protección del presidente Ortega, Funes que dice ser un perseguido político, rechazó nuevamente las acusaciones y dijo en su cuenta de Twitter que el juicio "responde a una lógica conspirativa en la que los testigos llegan a mentir y tergiversar los hechos".
Este no es el primer caso de presuntas negociaciones de funcionarios de gobiernos salvadoreños con las pandillas. Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado también al gobierno del presidente Nayib Bukele de negociar con esos grupos.
El periódico digital El Faro ha publicado sendos reportajes en los que documentan negociaciones de funcionarios de la administración Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador y una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra pandilleros de la Mara Salvatrucha, presentada en una corte federal de Nueva York, señala a dos altos funcionarios del gobierno de Bukele por haber negociado con la pandilla una reducción de homicidios a cambio de supuestos beneficios entre los años 2019 y 2021.
Pero ni en El Salvador, ni en los Estados Unidos hay una acusación formal que esté dirigida específicamente contra funcionarios del gobierno de Bukele por este tema.
Los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras despuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción del Munguía Payés por orden de la Corte Suprema de justicia. Las nuevas autoridades retiraron los beneficios a los pandilleros presos.
Los testigos, entre ellos el obispo católico Fabio Colindres, el ex ministro de Seguridad y exdirector del Organismos de Inteligencia del Estado (OIE), Ricardo Perdomo, dijeron en el juicio que Funes y el general Munguía Payes estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua entre las pandillas.
El obispo explicó que la tregua inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraaz, donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios para ellos.
Pidieron ser trasladados del penal de máxima seguridad a cárceles comunes, que se les permitiera visitas íntimas y la posibilidad de tener celulares, entre otros beneficios.
Luego de esta reunión, se realizó el traslado de los cabecillas de las pandillas a cárceles donde estaban recluidas “sus bases” para explicarles los acuerdos que se tomaron para impulsar la tregua.
Por su parte el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado y exministro de Seguridad Ricardo Perdomo, que también compareció como testigo, dijo que tuvo información de inteligencia con los que conoció “condiciones irregulares” ocurridas en el interior de las cárceles y que el expresidente Funes estaba enterado.
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