SAN SALVADOR - En 2012, las pandillas salvadoreñas anunciaron un pacto de no agresión entre sus miembros, acuerdo que fue publicitado por el gobierno del expresidente de izquierda Mauricio Funes como un “proceso de paz”, pero tras investigaciones de la Fiscalía salvadoreña se supo que el acuerdo, que dio beneficios a las pandillas, no fue solo entre pandillas sino entre el gobierno y las pandillas a cambio de reducir los homicidios.
El expresidente Funes fue sentenciado el lunes a 14 años de cárcel, y su exministro de Seguridad, David Munguía Payés, acusados de Agrupaciones Ilícitas e Incumplimiento de Deberes y Actos Arbitrarios por el caso conocido mediáticamente como "tregua", a 18 años.
La Fiscalía pedía 16 años de prisión para Funes y 20 años para Payés.
Las investigaciones iniciaron en 2017 contra varios funcionarios de la administración de Funes, quien obtuvo la ciudadanía nicaragüense en 2019. El pacto, según la Fiscalía, hizo que las pandillas ampliaran el control en los territorios, obtuvieran más dinero de acciones ilegales y fueran beneficiados con el ingreso de ilícitos a las cárceles.
Además, Payés fue acusado de ser el autor intelectual de una tregua que en 2015 convirtió a El Salvador en el país más violento del mundo, tras la ruptura del pacto. De Funes sostiene que aprobó ese acuerdo y que además dispuso dinero público para el proceso.
¿Cómo inició la supuesta tregua entre gobierno y pandillas?
Funes fue el primer candidato de izquierda en ganar la silla presidencial salvadoreña tras dos décadas en que El Salvador, un país de 7 millones de habitantes, fue gobernado por el partido de derecha ARENA.
La tasa de homicidios, una vez Funes asumió la presidencia en 2009, era de 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero tras la tregua, en 2012, esa tasa bajó a 40.
Las maras ya habían vivido los planes de seguridad “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” en los gobiernos de derecha, pero estos dejaron únicamente detenciones masivas de pandilleros y la agrupación de una pandilla por penal, a cambio de evitar motines. Por lo que un proceso de pacificación entre ambas estructuras sería la estrategia “no gubernamental” que supondría menos violencia en el país centroamericano.
Fue así como el 8 de marzo de 2012, los ranfleros o fundadores de las principales pandillas, entre estas la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, acordaron un alto al fuego y entregaron varias de sus armas, frente a representantes religiosos y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, prometieron no ampliar sus territorios de operación ni agredir a agentes del Estado.
“Estamos convencidos que no hay otra salida a la grave situación de violencia que afecta a toda la nación”, rezaba uno de los comunicados publicados por las pandillas en ese entonces.
Pero, a cambio de reducir la violencia homicida, las pandillas pedían mejores condiciones carcelarias, que el Estado acabase con el acoso y la persecución de sus familiares y demás miembros, y que además se les procurase la reinserción.
Ese proceso de paz, como le llamaron algunos facilitadores, ocasionó gran revuelo en el país. El exministro de Seguridad, Payés, reconoció entonces que su rol era el de facilitador. Funes, que se mantuvo alejado del proceso hasta 2013, asumió luego el apoyo de su gobierno recalcando que se trataba de un proceso entre pandillas y no en alianza con el gobierno.
El fin de la tregua y la ola de violencia
En 2014, tras dos años de tregua, la aparente seguridad comenzaba a desmoronarse en El Salvador tras un repunte de homicidios que llevó al expresidente Funes a asegurar que la pandilla 18 había roto el proceso, y que al tratarse de un acuerdo suscrito por pandillas, no dejaba de tener cierta fragilidad “en la medida que depende de la voluntad de las pandillas”.
Pero tras esa ola de violencia estaba la destitución del exministro de Seguridad, Munguía Payés, quien por orden de la Corte Suprema de Justicia debía abandonar su cargo por tratarse de un militar en un puesto civil. El nuevo ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, quien siempre estuvo reacio al proceso, decidió no seguir la línea de su antecesor e impuso varias restricciones en las cárceles y anunció que no daría privilegios a las pandillas.
Tras la ruptura del acuerdo, las pandillas respondieron elevando la tasa de homicidios a 103 por cada 100.000 habitantes. Un número que hizo del año 2015 el más violento de la historia democrática de El Salvador. Hubo días en los que la Policía registraba hasta 50 homicidios en 24 horas, cuando durante la tregua la tasa diaria de homicidios rondaba los 6.
La investigación
Pronto comenzaron a circular varios videos sobre supuestos beneficios recibidos por reos durante los años que duró la tregua, la Fiscalía comenzó las investigaciones contra varios exfuncionarios de Funes para demostrar que el proceso fue en realidad un pacto entre el gobierno salvadoreño y las pandillas.
Ese pacto, según las primeras investigaciones fiscales, permitió el traslado de cabecillas de pandillas desde el penal de máxima seguridad hacia cárceles de menor régimen; el ingreso de televisores, teléfonos, alimentos y servicios de bailarinas a las cárceles, la expansión de la pandilla en los territorios y la disposición de fondos del gobierno para el proceso.
Payés fue el autor intelectual de la tregua, aseguró la Fiscalía, y este contó con la venia de Funes. El exministro fue capturado en 2020, cuando se dio a conocer el proceso contra ambos funcionarios. Mientras que Funes es ciudadano nicaragüense desde 2019, un hecho que vuelve inviable su extradición en caso de ser declarado culpable.
La Fiscalía dijo, tras el fin de los alegatos el 5 de mayo, que había logrado demostrar que la “tregua” fue entre el gobierno de Funes y las pandillas, y que eso permitió que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ampliaran su poder en El Salvador.
El abogado defensor de Payés, Manuel Chacón, dijo a los medios ese día que los testigos presentados por la Fiscalía llegaron a hacer "conjeturas" en sus alegatos. Chacón solicitó, además, la libertad condicional para el imputado, pues alega que este padece de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión.
Mientras que el expresidente Funes, declarado "reo en rebeldía" por no nombrar abogado defensor ni lograr comunicación con un defensor público aseguró, mediante la plataforma Raúl Palacios Presenta, el 15 de mayo, que el proceso es inconstitucional porque no se puede juzgar a un reo ausente pese a que una reforma de 2022 ya lo autoriza.
"El juez ha montado una audiencia ilegal e inconstitucional pudiendo haber aplicado el principio de la inaplicabilidad de una ley o reforma. (...) Yo debería ser juzgado con las leyes vigentes en el momento en que se comete el delito, es decir, 2012 y 2013. Yo no tengo defensor y ahora solo hay que esperar sentencia. Esa sentencia no va a tener validez respecto a mi caso", dijo.
Aunque Funes sea declarado culpable, el hecho de que sea ciudadano nicaragüense hace imposible que responda por delitos en El Salvador, dijo el abogado Elí Villalta.
"Traerlo a El Salvador no es posible aunque el juez lo declare culpable, pues Funes es ciudadano nicaragüense y la Constitución de ese país prohíbe la extradición de sus ciudadanos", dijo a la Voz de América.
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