Una nueva propuesta de reforma migratoria se presentó este martes en el Capitolio de EEUU de manos de un grupo bipartidista de representantes que buscaría reducir la llegada de migrantes a la frontera sur mientras ofrece vías de estatus legal para unos 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país
La “Ley Dignidad” establecería “medidas más duras y penas más altas” para la migración irregular, aseguró la autora de la propuesta, María Elvira Salazar. La congresista republicana aseguró que esta medida, que busca “sacar de las sombras” a las personas indocumentadas, “no le costará un centavo a los contribuyentes, argumentando que incluye vías en las que los migrantes deberán pagar por acceder a un estatus legal.
El proyecto de ley establece la creación del “Programa Dignidad” que otorgaría un estatus legal a personas indocumentadas -junto a una autorización de trabajo y viaje- que tendría una vigencia de siete años con posibilidad de ser renovado.
Para poder participar en dicho programa, de acuerdo con la propuesta, los inmigrantes tendrían que pagar 700 dólares al año al gobierno, para un total de 5.000 dólares en el tiempo que puede beneficiarse del estatus. Además, las personas deberán pasar una verificación de antecedentes criminales y pagar impuestos.
La intención, según expusieron los congresistas, sería limitar el acceso actual de las personas indocumentadas a servicios públicos como hospitales y escuelas, y obligarles a financiar sus propios seguros médicos o educación privada mientras pagan por mantener su estatus legal.
“Aquí nadie puede vivir de gratis… no quiero que nadie confunda amnistía con dignidad. La amnistía es lo que tienen actualmente los indocumentados, con la Ley Dignidad, cada quien paga por lo que debe”, dijo Salazar.
La medida propone, en segundo lugar, un programa de “redención” por cinco años que serviría de continuidad al “Programa Dignidad” y que permitiría a quienes cumplan con requisitos adicionales como servicio comunitario -y tras el pago de 5.000 dólares adicionales- acceder a la ciudadanía estadounidense.
Los fondos recolectados se usarían para financiar programas de reeducación para estadounidenses “que sientan que han perdido su trabajo a manos de un inmigrante”.
“Si hay alguien que tiene mejores ideas, queremos trabajar con ellos… la única forma en que nuestro país enfrentará adecuadamente los desafíos que se nos presentan es de esta manera, de manera bipartidista…porque esperar una idea de cada lado de lo que es perfecto, es exactamente lo que nos ha metido en la situación que enfrentamos hoy”, dijo Verónica Escobar, la congresista demócrata co-autora de la medida.
Las congresistas aseguraron que comenzarán conversaciones con ambos partidos para asegurar que la medida sea aprobada en la Cámara y en el Senado.
Apertura de “campus humanitarios” en EEUU y centros de procesamiento en la región
La llamada “Ley Dignidad” propone, además, la apertura de instalaciones -a las que llaman “campus humanitarios”- en donde permanecerán las personas que busquen acceder al asilo mientras se determina su caso por parte de un funcionario migratorio. Los migrantes permanecerían retenidos en estos centros hasta 60 días, con acceso a servicios alimenticios y de salud, según se anunció.
Con esto, según las congresistas, se busca evitar que los inmigrantes “desaparezcan” en el sistema como indocumentados al evitar presentarse ante una corte cuando son puestos en libertad condicional.
Los inmigrantes, según la propuesta, serían sometidos a una entrevista de miedo creíble dentro de los primeros 15 días después de su llegada a EEUU y después de haber accedido a consejería legal.
Escobar aseguró que esta reforma al sistema de asilo también busca “liberar” a las comunidades de cargas que “deben ser federales”, como el apoyo humanitario y el ofrecimiento de asistencia legal. “Una frontera mejor administrada viene con vías legales legítimas para que realmente preservemos el asilo como es para aquellos que huyen de la persecución y no de la pobreza”, estableció la demócrata.
Además, contempla la construcción de cinco centros de procesamiento regional en América Latina para ofrecer servicios a migrantes económicos como evaluación de casos de asilo y visas de trabajo. Esta propuesta profundiza en la estrategia anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la que buscan abrir dichos centros, en un inicio, en Colombia y Guatemala.
E-Verify en todo el país
Esta propuesta de ley incluye, además, que se requiera el sistema de verificación del estatus para el empleado en todas las empresas estadounidenses a través del sistema en línea E-Verify. Este confirmaría si la persona es beneficiaria del programa dignidad y tiene un permiso de trabajo vigente.
Esto se relaciona con la ley firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que obliga a todos los empleadores privados en el estado con más de 25 trabajadores a que usen la aplicación E-Verify.
Por otro lado, la medida establece que no habrá financiamiento para retomar la construcción del muro fronterizo comenzado por el expresidente Donald Trump, y que el dinero adjudicado irá a la mejora de tecnología y equipos de vigilancia en la frontera sur.
Escobar aseguró que “la Casa Blanca sabe del trabajo que estamos haciendo” en relación a esta medida y descartó que se trate de una “estrategia de elecciones”.
Cuatro representantes adicionales se unieron como co-auspiciadores de la medida, dos de ellos republicanos y dos demócratas. Estos acordaron que se trata de un “punto medio” en intereses de ambos partidos en una reforma migratoria.
“Crea puentes, no muros, donde ha habido brechas entre nuestras posturas políticas”, dijo la congresista Kathy Manning.
Mientras Michael Lawler aseguró que ambos partidos “han fallado en lidiar con una reforma de inmigración en 35 años". "Estamos lidiando con una crisis humanitaria… la única manera de encontrar una solución es si nos unimos”, consideró.
El “Plan Dignidad” fue presentado por Salazar por primera vez en 2021, sin embargo, no tenía apoyo bipartidista y no incluía las nuevas propuestas sobre asilo y el pago para acceder a vías de estatus legal.
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