La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) pidió al fiscal general Tarek William Saab la liberación de productores agrícolas detenidos en horas recientes por deshacerse de sus productos, ante la imposibilidad de transportarlos a los centros de consumo por falta de combustible.
“Quizá las imágenes son dantescas en un país con necesidades, pero en la investigación le pedimos se ponga en el lugar del humilde labriego, pues en los campos se está perdiendo la comida por no poder sacarla a los mercados al no tener el combustible necesario y las cosechas no esperan hasta que se arregle ese tema”, resalta una carta de Fedenaga dirigida a Saab el lunes.
Fedenaga, organización que agrupa a los ganaderos venezolanos, recordó al fiscal que los productores no tienen “prioridad dentro de las emergencias” y lo invitó a visitar los campos para que comprenda el problema.
“Nadie siempre ni trabaja para tener solo cayo en las manos, se trata de que al menos pueda vivir dignamente del sudor de su frente, tratamos en este escrito que se entienda que este problema debe ser tratado como la emergencia que es y debe ser resuelto de manera perentoria, pues es muy dificil ya el solo hecho de hacer producir la tierra”, continúo el texto.
Saab informó la semana pasada que el Ministerio Público (MP) designó fiscales para “investigar y sancionar hechos irregulares relacionados con un grupo de personas que destruyen grandes cantidades de alimentos procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo”.
El fin de semana anunció que Ysnet Antonio Rodríguez, productor agrícola del estado Mérida, al suroeste de Venezuela, fue detenido por haber destruido una “gran cantidad” de zanahorias al lanzarlas al río, según dijo, violando la Ley de Precios Justos, lo que calificó de “boicot”.
Posteriormente, el lunes, informó sobre la detención de Jhonar Barazarte Trompetero, un productor del estado Trujillo, por haber destruido tomates.
En días recientes, al igual que ha ocurrido en los últimos años cuando se registran picos de escasez de combustible, varios productores agrícolas han grabado videos del momento en el que se deshacen de parte de sus cosechas al no tener posibilidad de trasladarlas a centros de consumo por falta de combustible.
Abogados y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, que promueve la defensa de los derechos fundamentales y principios constitucionales, han condenado las detenciones.
Coinciden en que no hay delito debido a que las cosechas se perderían por falta de combustible.
“El deber del Ministerio Público es investigar efectivamente las responsabilidades en el suministro y distribución del combustible y no detener arbitrariamente a quienes denuncian las fallas estructurales inducidas por la ineficiencia e ineficacia del mismo gobierno”, escribió en Twitter.
Respecto al boicot que argumenta el fiscal, el abogado y ex fiscal del MP, Zair Mundaray, sostiene que el artículo 53 de la Ley de Precios Justos requiere que el autor "impida la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes".
"Es un tipo doloso en el que el sujeto activo tiene un ánimo que trasciende, esto es, pretende que el objeto material (bien), esté fuera de la circulación económica. Los productores que han protestado desechando sus productos por falta de gasolina, al contrario han ejecutado todo lo que está al alcance de sus posibilidades para lograr la distribución de aquello que con extraordinario esfuerzo han sembrado y cosechado", explicó en Twitter.
A su juicio, "no hay posibilidad alguna" de que el MP pueda demostrar que el interés de los productores es impedir la circulación del rubro y agrega que sus acciones, además, se encuentran amparadas por el artículo 68 de la Constitución, "como una forma de protesta pacífica ante la adversidad que atraviesan para poder distribuir sus productos por la falta de combustible".
"Se trata además de productos perecederos en poco tiempo, por lo que cualquier retraso intentando conseguir combustible, implica necesariamente la descomposición del producto. Desde mi perspectiva, este hecho es atípico y desvela una política penal efectista y que responde al mandato del poder", continuó el abogado.
En videos divulgados en redes sociales, productores del estado Mérida se han dirigido al fiscal asegurando que los productos desechados “están dañados” y “no sirven para el consumo”.
“Necesitamos gasolina y gasoil (diésel) porque no tenemos cómo sacar nuestras cosechas”, se le escucha decir a un productor mientras muestra las zanahorias en malas condiciones.
En varias ocasiones, cuando se registran momentos críticos de distribución de combustible, el gobierno venezolano ha insistido en la necesidad de regularizar la situación y ha atribuido la escasez a las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
En distintas oportunidades los sectores productivos venezolanos han señalado a la escasez de combustible, fertilizantes, falta de financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, como algunos de los factores que afectan negativamente la producción. Sin embargo, han manifestado su compromiso de seguir produciendo alimentos en el país.
A juicio del diputado chavista y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, detrás de los videos que han circulado en redes sociales “hay algo político” y asegura que la investigación “dirá cuál es el resultado”.
“Yo creo que hay algo político detrás de todo eso, porque los campesinos tienen por norma ser buena gente, espléndidos con sus cosas. Cuando a un campesino se le da una cosecha de maíz le da a los vecinos y comparte su felicidad, su suerte”, dijo el lunes en conferencia de prensa.
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