Las reclusas de la mayor cárcel de mujeres de Honduras llevaban semanas quejándose de que las integrantes de una pandilla las estaban amenazando. Según las autoridades, la banda cumplió el martes con esas amenazas y asesinó a 41 mujeres, muchas quemadas, tiroteadas o apuñaladas.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo que el motín en la localidad de Támara, unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, fue “planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad”.
Castro se comprometió a tomar “medidas drásticas”, pero no explicó cómo las reclusas identificadas como miembros de la pandilla Barrio 18 pudieron introducir armas y machetes en la prisión, o desplazarse libremente a un bloque de celdas contiguo y cometer la matanza.
Los videos difundidos por el gobierno desde el interior de la prisión mostraban varias pistolas y muchos machetes y otras armas blancas encontradas tras el motín.
Sandra Rodríguez Vargas, comisionada adjunta ante la Comisión Interventora de Centros Penales, dijo que las atacantes “desalojaron” a los guardias del centro, ninguno parecía haber resultado herido, hacia las 8:00 de la mañana del martes y a continuación abrieron las puertas de un bloque de celdas contiguo y comenzaron a asesinar a las internas.
También provocaron un incendio que dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las literas reducidas a retorcidos montones de metal.
Al menos siete reclusas eran atendidas en un hospital de Tegucigalpa por heridas de bala y arma blanca, según informaron autoridades del Hospital Escuela.
Parecía una tragedia anunciada, según Johanna Paola Soriano Euceda, que esperaba fuera de la morgue de Tegucigalpa noticias sobre su madre, Maribel Euceda, y su hermana, Karla Soriano. Ambas estaban siendo juzgadas por tráfico de drogas, pero estaban recluidas en la misma zona que las presas condenadas.
Soriano Euceda relató que su madre le había dicho el domingo por teléfono que “estaban regadas las muchachas (integrantes de Barrio 18), que viven peleando con ellas y de ahí no volvimos a hablar”.
Otra mujer, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que esperaba noticias sobre una amiga, Alejandra Martínez, de 26 años, recluida en el módulo uno y acusada por robo.
“Ella me contó el domingo, la última vez que la vi, que las (del Barrio) 18 las tenía amenazadas y que si no entregaban a un familiar las iban a matar a ellas”, relató.
En ocasiones, las bandas exigen a sus víctimas que “entreguen” a un amigo o pariente dándoles su nombre, dirección y descripción, para que los pandilleros puedan encontrarlos más tarde y secuestrarlo, robarlo o matarlo.
Los funcionarios describieron los asesinatos como un “acto terrorista”, pero también reconocieron que las bandas habían dominado esencialmente algunas partes de la prisión.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad y responsable de las cárceles, sugirió que el motín se inició en respuesta a las acciones del gobierno para liberar a las cárceles del poder del crimen organizado y aseguró que no van “a permitir bajo ningún punto el ataque o el sabotaje” por parte de la “criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de este país”.
“No nos vamos a doblegar”, subrayó en un mensaje televisado tras el motín. “No vamos a negociar”.
Según explicó a AP Joaquín Mejía, académico del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los jesuitas en Honduras, dos de los grandes problemas de las prisiones hondureñas son el abandono que sufren por parte de las autoridades y la capacidad de control interno que tienen los reclusos.
Aunque el gobierno de Castro anunció una intervención para cambiar esta situación, el motín de Támara evidenció un fracaso de los esfuerzos para depurar a la policía penitenciaria y evitar la entrada de drogas o armas en las prisiones.
Mientras tanto, continuaba la sombría tarea de tratar de identificar los cadáveres, algunos terriblemente calcinados.
“Los equipos forenses que se encuentran realizando los levantamientos cadavéricos confirman que son 41 muertas los que se contabilizan”, confirmó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño. Muchos familiares de los reclusos esperaban angustiados a recibir noticias.
Decenas de allegados ansiosos y furiosos se reunieron frente a la prisión, situada en una zona rural.
“Estamos aquí muriéndonos del dolor, de la angustia (...) no tenemos información”, dijo Salomón García, madre de una reclusa del centro.
Azucena Martínez, cuya hija también estaba recluida en la prisión, dijo que “ya van 41. Nosotros no sabemos si los de nosotros también están allí muertos, y eso es lo que nosotros queremos saber”.
El motín parece ser la peor tragedia en un centro de detención de mujeres en América Central desde 2017, cuando 41 niñas de un refugio para jóvenes con problemas de Guatemala murieron después de prender fuego a colchones para protestar por las violaciones y otros malos tratos que sufrían en esa institución.
El peor desastre carcelario en un siglo también ocurrió en Honduras en 2012 en la penitenciaría de Comayagua, donde 361 reclusos murieron en un incendio posiblemente causado por una cerilla, un cigarrillo o similar.
El motín del martes podría aumentar la presión sobre Honduras para que emule las drásticas prisiones de tolerancia cero y sin privilegios establecidas en el vecino El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
Aunque la represión de las pandillas en El Salvador ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, también ha resultado ser inmensamente popular en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las bandas callejeras.
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