La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos" que puedan constituir ese tipo de delitos.
“Si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la fiscalía”, resalta una de las conclusiones expuestas en la decisión divulgada el martes.
“De conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto, la Sala concluye que Venezuela no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos a que se refiere el artículo 5 del Estatuto que reflejen suficientemente el alcance de la intención de la Fiscalía”, precisa.
Además, señala que Venezuela “parece haber tomado medidas de investigación limitadas; parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable y las investigaciones internas parecen no reflejar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar”.
En ese sentido, destaca el hecho de que "el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos de bajo nivel".
La Sala también destaca que las determinaciones están “en consonancia con las opiniones y preocupaciones expresadas por las posibles víctimas”.
La conclusión, continúa la Sala de Cuestiones Preliminares, no impide que Venezuela proporcione material futuro para que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad.
Por su parte, el miso martes, el gobierno venezolano cuestionó la decisión de la Sala de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que “recurrirá de esta decisión” ante la Sala de Apelaciones.
“Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y construir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional”, resalta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores divulgado en redes sociales.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
A inicios de este mes, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado.
Khan aseguró que el acuerdo detalla la asistencia técnica y la asesoría que su oficina dará, incluso en las reformas que según dijo Venezuela quiere “poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”.
Expertos aclararon que la oficina en Caracas no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad y que sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos, como parte de los mandatos establecidos en el Estatuto de Roma.
Recientemente el gobierno de Maduro señaló a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y la acusó de mantener “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales, poniendo en duda su “debida imparcialidad y objetividad”.
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