Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves que se mantenga en vigor temporalmente una norma que restringe el asilo en la frontera con México.
La decisión representa una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos para mantener el orden en la frontera sur.
La norma dificulta enormemente que las personas reciban asilo en Estados Unidos a menos que primero soliciten protección en un país intermedio en su camino hacia EEUU o presenten su petición por internet. Incluye margen para excepciones y no se aplica a los niños que viajan sin la compañía de familiares adultos.
La Corte de Apelaciones suspende temporalmente el fallo de un tribunal de menor instancia que había determinado que dicha política era ilegal y había ordenado al gobierno que pusiera fin a su uso antes del próximo lunes.
El gobierno acudió rápidamente al tribunal de apelaciones para pedir que se permitiera seguir aplicando la norma mientras se dirime su legalidad en las cortes.
El panel de tres jueces falló 2-1 a favor de la solicitud del gobierno. También señaló que agilizaría la audiencia de la apelación.
El caso surge de una demanda de grupos activistas que alegan que la nueva norma pone en peligro a los migrantes porque los deja varados en el norte de México mientras esperaban obtener una cita a través de la aplicación CBP One que el gobierno está utilizando para conceder a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera.
Los grupos argumentaron que las personas pueden solicitar asilo independientemente de dónde o cómo crucen la frontera, y que la app del gobierno es defectuosa.
Se tiene previsto que ambas partes entreguen sus argumentos a la corte para mediados de septiembre, y que la audiencia se celebre en una fecha aún no especificada, lo que significa que habría un proceso relativamente rápido para revisar el caso.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el expresidente Bill Clinton, estuvieron a favor de que la norma siga en vigor, pero no dieron ninguna razón para su decisión. El juez Lawrence VanDyke, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump, disintió.
En su disenso, VanDyke pareció estar de acuerdo con la legalidad de la norma en teoría, pero dijo que no era muy diferente a las normas anteriores implementadas por el gobierno de Trump que fueron rechazadas por el mismo tribunal de apelaciones durante la presidencia de Trump.
También insinuó que los jueces se vieron motivados a conceder la suspensión porque temían que si el caso llegaba hasta la Corte Suprema, el máximo tribunal lo hubiera hecho en su lugar.
La nueva norma de asilo fue implementada en mayo. Estados Unidos había puesto fin al uso de otra política, conocida como Título 42, que permitía al gobierno expulsar de manera expedita a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. La finalidad expresa del Título 42 era proteger a los estadounidenses del coronavirus.
El gobierno federal estaba preocupado por la posibilidad de un aumento en las llegadas de migrantes a Estados Unidos luego de que levantara el Título 42, debido a que los migrantes finalmente podrían solicitar asilo. El gobierno señaló que la nueva norma de asilo era una herramienta importante para controlar la inmigración.
También argumentaron que la nueva norma de asilo es en esencia una nueva versión de dos normas anteriores presentadas por el presidente Trump que buscaban limitar el asilo, el mismo punto al que el juez VanDyke aludió en su disenso.
Uno de los grupos demandantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), dijo en un comunicado de prensa el jueves que el fallo no analizó la legalidad de la norma de asilo y que confiaba en que finalmente ganaría.
Los grupos también alegaron que el gobierno está sobreestimando la importancia de la nueva norma para controlar la inmigración. Dijeron que cuando Estados Unidos puso fin al uso del Título 42, volvió a lo que se denomina el procesamiento de migrantes según el Título 8.
Ese tipo de procesamiento tiene repercusiones mucho más fuertes para los migrantes que son deportados, como la prohibición de volver a entrar a EEUU durante cinco años. Esas consecuencias, y no la norma de asilo, fueron mucho más importantes para reducir la inmigración después del 11 de mayo, señalaron los grupos.
Pero el gobierno federal afirma que la norma es una parte fundamental de su política migratoria para alentar a la gente a que utilice vías legales para venir a Estados Unidos e imponer fuertes consecuencias a aquellos que no lo hagan de esa forma. El gobierno de Biden hizo hincapié en los “enormes perjuicios” que habría si no se sigue utilizando la norma.
“La norma es de vital importancia para el manejo ordenado del sistema de inmigración del país en la frontera suroeste”, escribió el gobierno.
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