El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, suscribió el miércoles un reglamento para la aplicación de una ley de comunicación que incluye mecanismos de protección para la prensa, amenazada por el crimen organizado, dijo, y en honor al candidato asesinado y periodista Fernando Villavicencio.
Al presentar el reglamento ratificó el compromiso de fortalecer la libertad de expresión, “más ahora cuando la prensa libre no solo recibe presiones y ataques de sectores del poder político, (sino que) también le es incómoda a las organizaciones criminales que operan penosamente en el Ecuador”, señaló el mandatario en el acto de suscripción del decreto.
Lasso admitió que los grupos delictivos “han permeado al Estado no solo para alcanzar impunidad sino también para favorecerse de sus recursos a través de millonarios contratos”, especialmente en sectores estratégicos, por lo cual resaltó el papel que han tenido los medios en revelar casos emblemáticos en sectores estratégicos como la salud, electricidad y petróleo.
Fue entonces cuando el mandatario recordó al candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, “a quien penosamente asesinaron por precisamente ser frontal contra la corrupción y contra las mafias y contra el crimen organizado”, mencionó.
Villavicencio, quien terciaba en la carrera por la presidencia de Ecuador, fue asesinado 10 días antes de los comicios al salir de un mitin político en un colegio del norte de la capital. Seis colombianos que fueron aprehendidos como sospechosos permanecen bajo orden de prisión, mientras uno de los autores del crimen fue abatido en el mismo lugar en un cruce de balas.
Villavicencio, a través de investigaciones periodísticas, reveló casos de corrupción, especialmente durante el gobierno de Correa. A raíz de sus informaciones, se iniciaron procesos penales que llevaron al exmandatario, su vicepresidente, ministros y otras altas autoridades a ser sentenciados con penas de cárcel o están fugadas en el exterior.
César Ricaurte, director de la organización Fundamedios que vela por la libertad de expresión en Ecuador, en declaraciones a The Associated Press, dijo que en el país se han conjugado “los actores del crimen organizado con sectores políticos que amenazan continuamente a la prensa y han hecho de los ataques su expresión reiterada”.
Destacó que el año pasado se registraron 356 ataques a la prensa, con tres asesinatos violentos de periodistas no esclarecidos. Además artefactos explosivos llegaron a varios medios de comunicación y hubo estallidos de coches bomba. En 2023, van 175 casos de ataques, incluido el asesinato de “quien era periodista que había pasado a la política, pero seguía investigando la corrupción y el crimen organizado”.
“Tenemos las herramientas para estar mejor, pero hay que presionar y ayudar a las autoridades para que este mecanismo no quede en letra muerta", aseveró.
La secretaria de Comunicación, Wendy Reyes, destacó en el acto que el deber del gobierno es “proteger el libre ejercicio de la libertad de expresión”, por lo que el reglamento apuntará a combatir las noticias falsas o “fake news” y a erradicar las prácticas sancionadoras.
Explicó que el protocolo de protección incluirá el seguimiento de denuncias, capacitación en riesgo para los periodistas y campañas de sensibilización. Se tomarán en cuenta, además, las amenazas a mujeres periodistas con un enfoque de género, dijo.
El reglamento expedido por el Ejecutivo establece los parámetros para la aplicación de la Ley de Comunicación reformada y emitida nueve meses atrás. Esta implementó cambios radicales a la ley original emitida en 2013, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que regulaba el comportamiento de los medios de comunicación y que fue denominada por sus detractores como “ley mordaza” por cuanto derivó en una serie de reiteradas sanciones económicas y administrativas a los medios.
Entre algunas de las garantías que contempla la ley en la actualidad están la autorregulación de los medios de comunicación a través de sus propios códigos de ética, la no regulación de expresiones u opiniones emitidas en redes sociales, así como el protocolo de protección para periodistas cuyas actividades profesionales pongan en riesgo su vida, especialmente en temas de narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, corrupción y otras.
En marzo, la periodista ecuatoriana Karol Noroña, quien investigaba la crisis carcelaria, se vio obligada a salir del país tras recibir amenazas de muerte, informó el medio digital GK en el cual laboraba, mientras el mes pasado, los periodistas Andersson Boscán y su esposa Mónica Velásquez, comunicadores del medio digital La Posta, dejaron Ecuador en circunstancias similares, informaron en un comunicado.
