Autoridades migratorias de EEUU restablecerán los vuelos de deportación directa a Venezuela con aquellos migrantes que cruzaron de manera irregular al país norteño después del 31 de julio pasado, informó el viernes Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Núñez-Neto aseguró que los vuelos de repatriación comenzarán en “pocos días”, un día después de que el gobierno estadounidense anunciara que llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que ese acepte el regreso de sus nacionales.
Aunque no especificó la cantidad de personas que comenzarían a ser deportadas por ingresar después de la fecha, cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) apuntan que en agosto hubo 31.463 encuentros con venezolanos que cruzaron irregularmente la frontera suroeste.
Núñez-Neto aseguró que la decisión de reiniciar los vuelos a Venezuela forma parte de una “estrategia comprensiva” para “lidiar con los retos migratorios” que se están presentando en la frontera suroeste de EEUU.
“Seguimos insistiendo que no pongan sus vidas en las manos del crimen organizado, no crucen el Darién de manera ilegal… tomen ventaja de estos canales seguros y ordenados que hemos puesto en vigencia”, agregó el funcionario.
Desde la Casa Blanca advirtieron a la Voz de América que esto no significa un cambio de política hacia Venezuela. "Como hacemos con países de todo el mundo, desde hace mucho tiempo hemos instado a Venezuela a aceptar a sus ciudadanos, y estamos contentos de que ahora hayan aceptado hacerlo", especificó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
"La acción anunciada ayer es parte de un esfuerzo regional para abordar el desafío histórico de la migración irregular, y se limita únicamente a esa cuestión. Nuestras sanciones a Venezuela todavía están vigentes y continuaremos aplicándolas", insistió a la VOA el funcionario, que mantuvo su anonimato como es usual en estas comunicaciones.
En el pasado, EEUU ha definido al gobierno de Venezuela como una dictadura y, en 2022, el presidente Joe Biden descartó la opción de las repatriaciones.
La fecha del 31 de julio, además, hace referencia al nuevo límite dispuesto para la elegibilidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) que fue extendido en septiembre para venezolanos. Unos 472.000 venezolanos que entraron a EEUU antes de esa fecha podrían acceder al estatus.
Esta modificación al TPS se unió al parole humanitario como una alternativa de estancia legal en EEUU para los venezolanos. El programa que permite la llegada de estos nacionales al país y el acceso a permisos de trabajo cumplirá un año de haber sido implementado el próximo 19 de octubre. Desde entonces, unos 130.000 venezolanos han ingresado a EEUU, apuntó Núñez-Neto.
El funcionario estadounidense agregó que el gobierno estadounidense ha “fortalecido las consecuencias” para quienes crucen irregularmente la frontera, entre ellas, la inelegibilidad al asilo y de acceder a vías legales de migración por cinco años.
Principio de no devolución
Defensores de DDHH se muestran alertas sobre el acuerdo que permite la deportación directa de venezolanos desde EEUU a Venezuela y piden respetar el principio de “no devolución”, piedra angular del Derecho Internacional de los Refugiados, de acuerdo a Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA, organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas.
“Estados Unidos tiene la obligación de identificar cuando una persona tenga una necesidad de protección internacional porque su vida, su integridad o su liberad corren peligro si la persona es regresada a Venezuela y, en ese sentido, tiene que garantizar el derecho también a recibir asilo”, dijo a la Voz de América.
Desde WOLA evalúan como positivo el parole humanitario y la extensión del TPS para quienes llegaron al país antes del 31 de julio, pero a la vez, consideran contradictorio el acuerdo sobre deportaciones.
El secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, aseguró el viernes que es “seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer” en el país.
Así lo reiteraron otros funcionarios. “Nuestros dos gobiernos hemos hablado un arreglo para garantizar la repatriación segura, ordenada y humana de los migrantes venezolanos que no califican para recibir protección bajo nuestras leyes”, dijo el viernes Mark Wells, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Dib, sin embargo, insiste en que en Venezuela “no ha cesado la violación masiva de derechos humanos ni la emergencia humanitaria compleja”.
“De hecho, bajo ese mismo argumento EEUU acordó extender el TPS a personas que ingresaron antes del 31 de julio y adoptó el parole humanitario”, precisó.
En su más reciente informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), creada mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, y que no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, expuso que en el país “siguen ocurriendo” violaciones a los DDHH y se intensifican los ataques “selectivos” contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado.
Además, en junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.
“Esas repatriaciones directas las hacemos ahora a Venezuela, pero también a otros países que tienen situaciones complicadas como Haití, Cuba y otros países en el mundo. Es un principio de la ley internacional que los gobiernos deberían aceptar las repatriaciones directas de sus nacionales, que no establecen una base legal para quedarse en EEUU”, concluyó Núñez-Neto.
[Con la colaboración de Iacopo Luzi, corresponsal de la VOA en Washington]
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