Peruanos de una zona pobre de la capital marcharon el jueves a los exteriores del Congreso para protestar contra el aumento de la delincuencia, la principal crítica contra el gobierno, mientras varios parlamentarios presentaron un pedido para destituir al ministro del Interior.
Los manifestantes partieron de una zona pobre de Lima junto a uno de los principales mercados de alimentos capitalino, llamado La Parada. Varios eran mototaxistas y se quejaban de que eran extorsionados por delincuentes sin que las autoridades los protejan.
El martes, 33 legisladores presentaron un pedido para censurar al ministro del Interior Vicente Romero por considerar que no cuenta con estrategias definidas en la lucha contra la delincuencia.
“Vivimos una permanente pesadilla, indistintamente del lugar de residencia”, se indica en el pedido de los legisladores al que tuvo acceso The Associated Press.
“Diariamente, se cometen feroces actos criminales que van desde extorsiones, la trata de personas, asesinatos por sicarios, secuestros, robos, enfrentamientos a mano armada con otras bandas, con la policía, con los miembros de serenazgo, a cualquier hora y lugar”, se añade en el pedido.
Para lograr la renuncia de un ministro se necesita al menos 66 votos de los 130 legisladores que integran el Congreso unicameral peruano. No se sabe aún si este pedido progresará y el ministro Romero no ha brindado comentarios al momento sobre el pedido de su renuncia.
El lunes, el Congreso archivó la principal iniciativa del gobierno presentada en julio que buscaba incorporar a 50.000 nuevos agentes entre exsoldados y jóvenes desempleados mediante una instrucción rápida de un año, a diferencia de los tres años que sigue regularmente un agente antes de salir a las calles.
El gobierno respondió esa fecha anunciando la creación de tres grupos policiales extraído de diferentes unidades que formarán parte del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), la Brigada contra Extorsiones y el Grupo de Patrullaje a Pie.
La inseguridad ciudadana es la principal crítica al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según todas las encuestas. Las extorsiones en Perú aumentaron en más de 50 %, llegando a la cifra de 12.730 denuncias registradas, entre enero y agosto de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos difundidos por la policía.
Perú, un país sudamericano con 33 millones de habitantes, tiene 133.880 policías, alrededor de un agente por cada 245 habitantes. La cifra peruana está por encima del promedio sugerido por Naciones Unidas que recomienda un policía por cada 333 habitantes.
