La presidenta peruana Dina Boluarte dijo el viernes que no teme a un intento legislativo para destituirla luego de que la fiscalía comenzó a investigarla por presunto enriquecimiento ilícito por el uso de más de una decena de relojes, entre ellos uno de lujo no declarado marca Rolex.
“Como Congreso tiene total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante", dijo Boluarte a la prensa en referencia a legisladores de izquierda que están recolectando firmas para hacer el pedido. "No le temo a las vacancias”, añadió la mandataria, que afrontó hace un año cientos de protestas que exigían su renuncia y dejaron 49 civiles muertos.
El camino a una destitución presidencial requiere varios filtros. Para presentar el pedido se necesitan 26 votos. Pero para que el pedido sea admitido en un posterior debate se requieren 52 votos. Luego, si ingresa la moción, en otra sesión Boluarte será invitada al Parlamento a defenderse o también podría hacerlo a través de su abogado. Al final se necesitan obtener 87 votos para destituirla.
La presidenta confirmó que la fiscalía la indaga de forma preliminar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos y dijo que se presentará ante los fiscales cuando lo permita su agenda para decir “la verdad”, como le ha enseñado “nuestro hermano mayor Jesús”.
Desde hace más de una semana Boluarte está envuelta en una crisis política porque no ha explicado cómo llegó a su muñeca izquierda un reloj Rolex que ha exhibido más de 25 veces desde 2023 en actividades públicas. El viernes pasado dijo, sin dar muchos detalles, que el reloj era un bien “de antaño” fruto de su trabajo desde que tenía 18 años.
En un primer momento Boluarte intentó evitar que la prensa siga indagando sobre el origen de su reloj de lujo al pedir “no entrar en temas personales”. Su primer ministro Gustavo Adrianzén incluso abandonó enfadado una conferencia de prensa cuando los periodistas insistieron en preguntar si el Rolex había sido comprado o era un regalo.
Pero el asunto comenzó a complicarse cuando la fiscalía a inicios de semana anunció que iniciaba una indagación contra la mandataria y solicitó al primer ministro los pagos “por todo concepto” recibidos por Boluarte desde el 28 de julio de 2021, cuando juramentó como vicepresidenta y ministra de Inclusión Social del entonces presidente Pedro Castillo. La fiscalía también ha solicitado copias de fotos y videos de todos los relojes usados por Boluarte como presidenta desde que juró en reemplazo de Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El nuevo dolor de cabeza de Boluarte empezó el jueves de la semana pasada cuando el programa periodístico “La Encerrona”, que se transmite vía internet, afirmó que revisó más de 10.000 fotos oficiales en una investigación sobre los relojes que usa Boluarte. El programa destacó, entre todos los relojes, el Rolex que en Perú vale hasta 14.000 dólares, según la distribuidora oficial de esa marca.
Como ministra de inclusión social, Boluarte recibía 8.136 dólares mensuales, pero cuando asumió la presidencia su sueldo bajó a 4.200 dólares mensuales. Todos los funcionarios públicos están obligados a declarar sus bienes y las declaraciones de bienes de Boluarte no consignan ningún Rolex.
En 2023 la mandataria recordó desde el palacio presidencial que durante la campaña política que la llevó al poder “no tenía ni para los pasajes”. Antes de ser ministra de Inclusión Social, Boluarte fue funcionaria de una pequeña oficina distrital del registro nacional de identificación donde laboró desde 2007.
Según el archivo fotográfico presidencial, de libre acceso, Boluarte usó el Rolex desde 2023 y la última vez fue en febrero cuando asistió a la incorporación de usuarios de una pensión para ancianos extremadamente pobres que reciben 68 dólares cada dos meses.
La presidenta peruana, una abogada de 61 años, tenía en febrero una popularidad de apenas 8 %, según la firma Ipsos Perú. La mandataria repitió una vez más que saldrá del poder en 2026 “por la puerta grande” y con “las manos limpias”.
En otro caso, la fiscalía ha denunciado en noviembre a Boluarte ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los fallecidos durante las protestas sociales que exigían su renuncia. Un total de 49 civiles murieron en choques con las fuerzas de seguridad y más de 1.700 fueron heridos, según la Defensoría del Pueblo.
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